Dejando a un lado de momento el asunto de quién tiene la razón en la controversia entre el Departamento de Educación y SER de Puerto Rico, hay algo que no puede pasarse por alto. Según la prensa, "las partes nunca acordaron la cantidad que cobraría SER por sus servicios." Entonces, uno se pregunta: ¿qué clase de contratación es esa? Si eso es así, ambas partes fallaron, al no disponer claramente el asunto de la remuneración, cuestión elemental para cualquier abogado o, incluso, lego en la materia. Se me hace difícil creer que los abogados que intervinieron en el otorgamiento de este contrato no se percataran de algo tan simple.
A menos que la prisa por enmendar la situación de la atención insuficiente a los niños con necesidades especiales haya sido, como suele ocurrir, "mala consejera." A veces, la gestión gubernamental se afecta por el apremio de quedar bien por cuestiones de relaciones públicas, y se hacen las cosas a la carrera o desoyendo alguna voz que llama a la prudencia. Entonces, vienen las "metidas de pata" y los desaciertos que se pudieron haber evitado, si se hubiera actuado más razonablemente. Preparar un buen contrato es tarea delicada, y requiere trabajo concienzudo, para evitar que, en el futuro, se esté ante la disyuntiva de ser o no ser.
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