En lo que resulta ser la versión americana de "poner al cabro a velar las lechugas", se anuncia - así, sin sonrojarse - que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la CIA van a investigar la destrucción por parte de la CIA de las filmaciones de los interrogatorios - eufemismo por el término correcto, tortura - de los sospechosos de terrorismo. La excusa que se ha ofrecido hasta ahora es que ello se hizo para evitar que se pudiera identificar a los torturadores, perdón, a los interrogadores. Pero, como todo hijo de vecino sabe en este siglo XXI, hay formas muy sencillas de difuminar el rostro de quien aparece en un vídeo, sin que se afecte el resto de la imagen. Así que la razón tiene que ser la obvia: lo filmado revelaba una tortura que no se podía disfrazar de otra cosa.
En todo esto hay otro aspecto muy inquietante para el estado de derecho: la posibilidad de que haya habido el visto bueno legal de funcionarios de Justicia federal. La sastrería jurídica norteamericana no comenzó ni terminó con Alberto Gonzales, aunque el corte y confección de su atelier competía favorablemente con los de Hong Kong y Londres. En fin, parece que va a haber unos cuantos colegas implicados en justificar la barbarie, igualito que en la Alemania del reich de los 1,000 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario