La noticia de que la inmensa mayoría de las multas a comercios impuesta por el Departamento de Asuntos del Consumidor no llega a la mitad del máximo permitido por ley es un reflejo de la timidez oficial con que se trata al sector privado en nuestro país. El miedo a afectar la dichosa "competitividad" ha llevado a los gobiernos a ser en extremo cautos a la hora de imponer sanciones a los empresarios y patronos por sus desmanes. El resultado es que, aunque la retórica gubernamental es una, la práctica es otra. Se crean agencias y se aprueban leyes para, por ejemplo, proteger al ciudadano de la rapacidad corporativa, pero, al momento de la verdad, tiembla el pulso para hacerlas realidad de manera contundente.
Lo cierto es que la función primordial del Estado - velar por el bien común y el interés público - queda apocada, ante ese chantaje de los banqueros, comerciantes e industriales, en el sentido de que no se les puede penar, no importa lo que hagan, porque se afecta el "clima de inversión." Mientras tanto, una multita boba aquí y allá, y con eso se da por cumplida la fiscalización gubernamental. Con esa minucia - tomada como el cost of doing business - se continúa la burla de la ley y de los consumidores.
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