Resulta claro para cualquiera que tenga nociones elementales del derecho constitucional que la lectura de la ley hecha por el Contralor Electoral para oponerse a la difusión del anuncio de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica es errónea. El funcionario, que no es abogado, no se asesoró o lo asesoraron mal. La AVIM es un entidad bona fide con perfecto derecho a expresarse públicamente sobre la legislación atentatoria contra los derechos de las víctimas de impericia médica. El hecho de que nos hallemos en plena campaña electoral no la coloca como una organización política que aboga por candidatos ni como haciendo política. Su mensaje no es político partidista, sino un reclamo ciudadano para que no se continúe adoptando una política pública que protege desmedidamente a las aseguradoras, los hospitales y los médicos, en perjuicio de los pacientes que sufren un daño por falta de cuidado en la atención de su salud.
Parece que en el afán de proteger a su jefe político y al partido de gobierno, el Contralor Electoral olvidó que los derechos constitucionales no quedan en suspenso por ser época de elecciones.
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