El sistema federal de Estados Unidos ha sido siempre motivo de discordia interna en el país, pues los estados guardan celosamente su jurisdicción frente a la del gobierno central o federal. El asunto de la inmigración ilegal es la más reciente y aguda controversia sobre los poderes compartidos entre la esfera estatal y la federal. La xenofobia a nivel estatal se enfrenta a una actitud más condescendiente a nivel federal. Varios gobiernos estatales han desafiado -- incluso en los tribunales -- las directrices de política pública del gobierno federal.
Lo que empezó como una pataleta de Arizona ya va por casi una rebelión a la que se suman otros estados, siendo Mississippi el más reciente que se une a un pleito que impugna la directriz de Homeland Security que aplaza la deportación de ciertos inmigrantes ilegales. Los estados desean proceder con la expulsión inmediata de esos inmigrantes, y alegan que el gobierno de Obama no tiene la autoridad para dejar sin efecto los procesos legislados. También plantean que no proceder con la deportación sigue recargando los presupuestos estatales, pues son los estados los que tienen que costear la permanencia de esas personas en sus territorios.
Ya lo dijo un juez de un condado de Texas: si Obama gana, habrá una guerra civil...
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