El Consejo de Europa, órgano supranacional de la Unión Europea, ha dictaminado que dos de las medidas tomadas por Grecia a instancias de las entidades crediticias internacionales son contrarias a convenios que recogen la política pública de la Unión. Se trata de aumentar a un año el periodo probatorio de los empleados del sector privado para despedir sin causa, y el pago de un salario menor que el mínimo a los trabajadores menores de 25 años de edad. Como se recordará, estas dos medidas fueron recomendadas hace poco al Gobierno de Puerto Rico por esos mismos representantes de los acreedores y bonistas. Aunque las decisiones del Consejo no son vinculantes, resulta importante que se señalen esas medidas como abusivas y contrarias a los mejores intereses colectivos.
Grecia, en su desesperación por la crisis económica, accedió en 2010 a esa pretensión explotadora de los grandes intereses económicos. Con ello no resolverá su problema, y solo ha logrado colocarse al margen del ordenamiento europeo, asumiendo una posición bochornosa y retrógrada en el derecho laboral moderno.
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