Generalmente, la responsabilidad civil por impericia profesional se da en el ejercicio de la medicina, con uno que otro caso relacionado con otras profesiones, pero lo que acaba de ocurrir en Italia resulta, cuando menos, insólito. Un tribunal ha condenado a prisión a unos sismólogos miembros de una comisión asesora sobre desatres naturales porque se determinó que su errada evaluación profesional contribuyó a que los efectos de un terremoto fueran mayores, toda vez que no se anticipó adecuadamente el impacto del fenómeno natural y, por consiguiente, no se tomaron las medidas cautelares necesarias.
Este dictamen es interesante, amén de controvertible, pues asigna responsabilidad penal por una opinión científica sobre un evento natural, algo que, en el mejor de los casos, es especulativo e incierto. Hay que planterase si es justo siquiera aplicar los criterios del derecho de daños; mucho menos los mucho más estrictos del derecho penal a una situación como ésta. Tomar esta decisión como precedente podría reducir la colaboración de científicos y otros profesionales con el gobierno, por miedo a incurrir en errores que den lugar a responsabilidad civil o, peor aun, penal.
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