La decisión de eliminar del registro electoral 260,000 personas por el mero hecho de no haber votado en las pasadas elecciones y no haberse reactivado a tiempo, parece una medida injustificadamente severa. Abstenerse de votar es un ejercicio democrático tan legítimo como votar. El Estado no debe penalizar a quien opta por no participar en una contienda electoral particular, siempre que continúe siendo hábil para votar.
Dicho eso, los derechos deben ser reclamados oportunamente. Esperar hasta cuatro días antes del vencimiento del plazo legal para inscribirse, para solicitar un interdicto contra el organismo electoral, es una incuria difícil de justificar, habida cuenta de la amplia difusión del requisito de ley y las implicaciones administrativas de lo solicitado. No obstante, vista la importancia del derecho al voto, se debe permitir que voten todas esas personas con tarjeta electoral válida.
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