Tiene mucho de ejercicio de relaciones públicas el anuncio de la «colaboración» del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el adiestramiento de nuestra policía en materia de derechos civiles y los llamados «crímenes de odio», última moda en la criminología norteamericana. Yo apostaría a que esto es una de esas imposiciones que, de tiempo en tiempo, vienen de allá, como condición para el otorgamiento de fondos. Mis muchos años en la Comisión para Combatir el Crimen, la Oficina de Administración de los Tribunales y el Departamento de Justicia me inclinan a pensar así. Aunque ha habido uno que otro delito que podríamos catalogar como «de odio», el asunto no es cuantitativamente tan significativo como para que se le dedique esta atención en este momento. Distinta es la situación en Estados Unidos, donde siempre es open season para «cazar» negros, hispanos o asiáticos. Allá se entiende la urgencia; aquí no.
En cuanto a capacitar a los policías en proceder con respeto de los derechos civiles, me parece que los abogados y otros profesionales puertorriqueños estamos perfectamente preparados para realizar esa función, sin necesidad de que venga un americano a decirnos lo que tenemos que hacer. Aquí hay profesores de derecho penal y procesal penal, así como constitucionalistas y abogados postulantes de primer orden, que no tienen que ser segundones de otros que, aunque eminentes en su campo, desconocen nuestra realidad social y sicología de pueblo.
Esta manía de salir corriendo a buscar ayuda en Estados Unidos para atender cualquier problema nuestro es parte del complejo de inferioridad producto del coloniaje. Se llega al absurdo de que, hace poco, se anunció otro «acuerdo de colaboración» con la Policía de Nueva York, una de las más corruptas y violadoras de los derechos civiles en todo Estados Unidos, para que enseñara a la nuestra a manejar grandes manifestaciones públicas. ¡No en balde la brutalidad policiaca en Puerto Rico va en aumento!
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