Dejando a un lado la evidente mala fe de emplazarla en las circunstancias conocidas, lo sustantivo en el caso de la representante Carmen Yulín Cruz es si, en efecto, ella utilizó su conductor pagado con fondos públicos para gestiones personales y familiares. Veremos cuál es la prueba y cuán contundente es.
Lo que sí puede decirse desde ahora es que «son muchos los hijos del muerto». A los niveles gerenciales y de rango político en que se disfruta de esa comodidad, surge la tentación de usar a los empleados públicos para asuntos privados, de mayor o menor envergadura. Nuestra historia gubernamental y política está llena de ello. Incluso, el caso bastante reciente de la Dra. Coello tuvo gran resonancia entre nosotros, y debió servir de ejemplo de lo que le puede costar a un funcionario público querer pasarse de listo en este aspecto.
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