La comedia de errores por parte del gobierno en su manejo de la huelga universitaria es risible y repudiable. Los arrestos de ayer a unos estudiantes que repartían hojas sueltas en el campus eran manifiestamente ilegales y contrastaban marcadamente con la inacción policiaca ante el vandalismo del día anterior. Resultan patéticas las justificaciones del Superintendente de la Policía - quien tiene el título de abogado, pero nada más - y, sobre todo, las del Secretario de Justicia, a quien se le ven las costuras de su sastrería jurídica en el cargo. Finalmente, ni siquiera se atrevieron a sostener los ridículos cargos por el delito de interrumpir una reunión lícita que pretendieron imputarle a los estudiantes.
Debe recordarse y entenderse que el arresto es una detención que tiene el propósito de proceder penalmente contra una persona. Es por ello esencial que se tengan «motivos fundados» para creer que se ha cometido o se va a cometer un delito. La ley admite detenciones momentáneas con fines investigativos, pero el arresto es mucho más que eso, y exige que se lleve al arrestado, sin demora innecesaria, ante un magistrado, para que éste pase juicio sobre la intervención policial. Abortar ese proceso es burlar la protección de ley.
Pero, claro, ya nada de esto cuenta en nuestro país, donde hace rato echaron la Constitución a la basura.
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