Abunda la «frivolidad» en el mundo del derecho procesal, sobre todo en el penal. Los planteamientos de representación legal ineficaz, con una que otra excepción, son inmeritorios. El del policía Rodríguez Berríos es, además, tardío. Más de tres años después de su condena, se ha venido a dar cuenta de que la falta de objeción a unas preguntas o a la admisión de unas pruebas le fue significativamente perjudicial. En su caso, que tuvo mucho de novelesco, por la forma en que utilizó sus recursos como policía para cometer y ocultar su crimen, él logró burlar la justicia durante mucho tiempo, hasta que se hizo posible su enjuiciamiento.
Otra vertiente de la frivolidad procesal es la de aplazar ad infinitum una causa penal. En ello está la defensa del ex senador Martínez, aduciendo que necesita más tiempo para «prepararse». Se trata de un argumento muy socorrido, para lograr muchas cosas favorables a un acusado: la muerte de testigos, el olvido por el paso del tiempo, la pérdida de documentos y otras pruebas, que se atenúe la indignación por el delito en jueces o jurados, etc.
A lo primero, no ha lugar. A lo segundo, ha hecho bien el juez Besosa en no acceder a esa petición.
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