«Hay que abrir la pupila.»

La crisis en la Universidad de Puerto Rico, que ha provocado la casi paralización del Departamento de Estudios Hispánicos, se hace sentir en otros ámbitos. Hoy, la prensa, al contarnos que los estudiantes de intercambio no quieren venir por la incertidumbre acerca de sus estudios, nos dice: «El Recinto de Río Piedras no tiene un solo pupilo». Pues, no veo que tenga que ver la cuestión del hospedaje con lo de los estudiantes de intercambio, salvo que, como cualquier hijo de vecino, esos muchachos se tienen que hospedar en algún sitio. Porque lo de «pupilo» se refiere al estudiante que se hospeda bien sea a media pensión o a pensión completa, y eso incluye a los puertorriqueños que, no siendo del área metropolitana de San Juan, lo hacen en casas particulares o en las residencias de varones o féminas de la propia Universidad. De manera que no hay una correspondencia directa entre la falta de estudiantes extranjeros y la falta de «pupilos» en el verdadero sentido de la palabra.

No quiero pensar - ¡horror! - en que lo de pupilo se use como pupil, pues ello sería una prueba más de por qué no se debe debilitar el Departamento de Estudios Hispánicos...

No son «muchachos de mandados».

Dejando a un lado la evidente mala fe de emplazarla en las circunstancias conocidas, lo sustantivo en el caso de la representante Carmen Yulín Cruz es si, en efecto, ella utilizó su conductor pagado con fondos públicos para gestiones personales y familiares. Veremos cuál es la prueba y cuán contundente es.

Lo que sí puede decirse desde ahora es que «son muchos los hijos del muerto». A los niveles gerenciales y de rango político en que se disfruta de esa comodidad, surge la tentación de usar a los empleados públicos para asuntos privados, de mayor o menor envergadura. Nuestra historia gubernamental y política está llena de ello. Incluso, el caso bastante reciente de la Dra. Coello tuvo gran resonancia entre nosotros, y debió servir de ejemplo de lo que le puede costar a un funcionario público querer pasarse de listo en este aspecto.

Yo, una persona

En estos días de tanto lleva y trae con las pruebas para detectar el uso de drogas por parte de nuestros legisladores, me he enterado por la prensa escrita y la televisiva de que en la Asamblea Legislativa hay una cosa que se llama «Oficina de Capital Humano». Ya me era conocido ese otro engendro de «Recursos Humanos», pero se ve que va en escalada la deshumanización del lenguaje que se refiere al personal de las empresas privadas o agencias gubernamentales. Durante la mayor parte de mi vida - que ya se va haciendo larga - las oficinas que atendían los asuntos de personal se llamaban Oficina de Personal. Pero, en algún momento que no puedo precisar, a alguien le pareció que eso era poca cosa, por lo que había que darle un título rimbombante, que sonara a algo más complicado e importante, y ahí surgió lo de «recursos humanos». Porque, vamos a ver, ¿hay algún recurso humano que no sean las personas?

En esto se han combinado dos tendencias de imbecilidad social. Una es el afán de distinción, que lleva a buscar designaciones, nombres o títulos que den realce a quien realiza una función. Por lo tanto, hay que ponerle otro nombre - uno pretencioso -  a las cosas que conocemos de toda la vida. La otra es el uso de términos de las ciencias físicas o las ciencias sociales - perfectamente legítimos en sus contextos originales - para dar la impresión de que estamos frente a algo nuevo o intelectualmente complicado.

Me niego a caer en ese juego. Hace poco, estuve en un recinto de una universidad privada y, al procurar - a sabiendas - por la «oficina de personal» el funcionario me dirigió a la «oficina de recursos humanos», supongo que pensando en lo ignorante que soy.

Bendito...

Ya somos grandecitos.

Tiene mucho de ejercicio de relaciones públicas el anuncio de la «colaboración» del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el adiestramiento de nuestra policía en materia de derechos civiles y los llamados «crímenes de odio», última moda en la criminología norteamericana. Yo apostaría a que esto es una de esas imposiciones que, de tiempo en tiempo, vienen de allá, como condición para el otorgamiento de fondos. Mis muchos años en la Comisión para Combatir el Crimen, la Oficina de Administración de los Tribunales y el Departamento de Justicia me inclinan a pensar así. Aunque ha habido uno que otro delito que podríamos catalogar como «de odio», el asunto no es cuantitativamente tan significativo como para que se le dedique esta atención en este momento. Distinta es la situación en Estados Unidos, donde siempre es open season para «cazar» negros, hispanos o asiáticos. Allá se entiende la urgencia; aquí no.

En cuanto a capacitar a los policías en proceder con respeto de los derechos civiles, me parece que los abogados y otros profesionales puertorriqueños estamos perfectamente preparados para realizar esa función, sin necesidad de que venga un americano a decirnos lo que tenemos que hacer. Aquí hay profesores de derecho penal y procesal penal, así como constitucionalistas y abogados postulantes de primer orden, que no tienen que ser segundones de otros que, aunque eminentes en su campo, desconocen nuestra realidad social y sicología de pueblo.

Esta manía de salir corriendo a buscar ayuda en Estados Unidos para atender cualquier problema nuestro es parte del complejo de inferioridad producto del coloniaje. Se llega al absurdo de que, hace poco, se anunció otro «acuerdo de colaboración» con la Policía de Nueva York, una de las más corruptas y violadoras de los derechos civiles en todo Estados Unidos, para que enseñara a la nuestra a manejar grandes manifestaciones públicas. ¡No en balde la brutalidad policiaca en Puerto Rico va en aumento!

De visita, nada

Aunque creo en la elegancia en el decir y en usar un eufemismo aquí o allá, no debemos caer en el ridículo. En una noticia sobre un allanamiento a una distribuidora de medicamentos se dice: «Flar Medicine recibió la visita de agentes federales». Pues, francamente, un allanamiento está muy lejos de ser el acontecimiento social y de cortesía que supone lo de «visita». Generalmente, se hace a la fuerza, tumbando la puerta y con armas de fuego en las manos. El allanado tampoco «recibe» con agrado a los que irrumpen en su negocio o residencia. Me parece que debió decirse que la empresa fue intervenida por los agentes, pues ello comunica mejor la naturaleza de la acción policiaca.

Un "stop" al tubo

Pongo por delante mi rechazo al tutelaje de las agencias del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.  Dicho esto, es buena noticia que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos haya puesto «en pausa» el proyecto del gasoducto, precisamente, por las razones que han esgrimido consecuentemente las comunidades y las entidades que defienden el ambiente. El lenguaje del Cuerpo es elocuente, al catalogar lo presentado por el gobierno como «deficiente, muy conceptual y falló en tratar adecuadamente los asuntos planteados por otras agencias y el público». Más adelante remacha: «La información en el expediente sobre el proyecto Vía Verde [ nombre eufemísticamente engañoso conque se ha bautizado el gasoducto] no responde plenamente en materia de seguridad pública, impactos ambientales, especies en peligro de extinción ni conservación de hábitats y propiedades históricas.»

Ahora, el Gobierno de Puerto Rico queda en la posición - incomodísima para los asimilistas - de impugnar el juicio de sus amos, por ignorantes o incompetentes. Ya no son unos elementos radicales los que se oponen al infernal tubo, sino los «expertos americanos» que, además de saber, mandan.

No confundamos los términos.

Para los que duden de que, como he dicho varias veces, aquí se habla en español, pero no español, vean esta declaración del Superintendente de la Policía, acerca de los imputados de fraude a un seguro: «Les están enseñando a sus hijos cuando cometen este tipo de fraude falta de identidad y de valores.» Creo que a Figueroa Sancha le está afectando el gas pimienta que gusta de rociarle, a la menor provocación, a estudiantes, periodistas y demás ciudadanos. Porque lo que esa gente ha dado podrá ser una falta de honradez o integridad, pero no de «identidad».

La falta de vocabulario y de fluidez en la expresión lleva a muchos a utilizar cualquier vocablo para intentar comunicar una idea. Es, lamentablemente, una seña de identidad nuestra como hablantes del español en una tierra que no lo valora lo suficiente y vive sometida a una omnipresente interferencia lingüística del inglés, factor que contribuye de manera importante al empobrecimiento del vernáculo entre nosostros.

«Una pelea de tigre y burro»

El derecho administrativo puertorriqueño agoniza desde hace tiempo. La primera herida de muerte se la propinó el gobierno de Rosselló en 1993, cuando eliminó o debilitó docenas de reglamentos agenciales que protegían sustantiva y procesalmente derechos del ciudadano frente al Estado y a los grandes intereses económicos.  Entonces se justificó esa «tala», aduciendo que se trataba de acabar con la «burocracia» que impedía el progreso económico del país.  Pero, la verdad era otra, y los pasados 17 años la han demostrado. Sin la base jurídica apropiada, los individuos y las comunidades afectadas por el desarrollismo desenfrenado quedan en el desamparo jurídico. Una judicatura fruto del sectarismo ideológico y partidista se ha mostrado sumisa en demasía ante la «política pública» de los poderes ejecutivo y legislativo, emitiendo dictámenes de encargo fundados en la consabida «gran deferencia y respeto» a las decisiones agenciales.

Lo que ocurre en estos días con el gasoducto es el ejemplo más reciente. Las decisiones que favorecen ese proyecto ya están escritas en el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.  No importan argumentos o pruebas en contrario, el gasoducto va con el aval judicial.  Porque, como habría dicho mi padre, ésta es «una pelea de tigre y burro».

Las cosas claras

No se respetan las palabras. La gente piensa que puede alterar, a su gusto y conveniencia, el significado de una palabra, pero no es así. Las palabras trasmiten un contenido y unas ideas que no están sujetas a interpretaciones acomodaticias para complacer caprichos personales o servir a manipulaciones ideológicas. Lo ocurrido en estos días con la visita del Gobernador de Puerto Rico a España tiene mucho de esta pretensión de deformar la realidad para engañar a los demás.

Lo que define a una persona es su nacionalidad, consecuencia de ser parte de una nación, por haber nacido en ella. Por lo tanto, los puertorriqueños somos nacionales de Puerto Rico. Éste es un hecho inalterable. Ocurre que, casi siempre, la ciudadanía corresponde a la nacionalidad, pero en nuestro caso, siendo colonia de Estados Unidos, tenemos la ciudadanía de ese país.  Si bien uno puede tener más de una ciudadanía - mi esposa tiene la dominicana de origen y la de Estados Unidos simultáneamente - sólo puede tener una nacionalidad. Decir que una persona se «nacionaliza» de otro país cuando adquiere esa ciudadanía es un soberano disparate, aunque haya leyes que así lo hagan constar. ¿En qué cabeza cabe que una persona que nace, se cría y vive la mayor parte de su vida en su país de origen adquiere otra nacionalidad por el mero hecho de tener otra ciudadanía?

La diferencia entre ciudadanía y nacionalidad en nuestro caso debe ser conocida y entendida, sobre todo por quienes leen este espacio desde otras tierras.  A algunos puertorriqueños tampoco les vendría mal enterarse. No incluyo al gobernador Fortuño porque ése ni es puertorriqueño.

¡Buenos días!

El lenguaje no es totalmente lógico. Por ejemplo, saludar con «buenos días» luce disparatado, pues se trata de un día en particular. Sin embargo, ésa es la forma que se usa abrumadoramente. Algunas personas dicen «buen día», pero, a pesar de que pueda ser literalmente correcto, suena «artificial» o «raro». Lo de «buen día» se entiende mejor si, más que un saludo, se usa como una forma abreviada de «que tenga (s) un buen día», algo que sería parte de una despedida.

En esto hay gente muy exagerada. Recuerdo que, hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Oficina de Administración de los Tribunales, había un compañero que, invariablemente, cuando salía del ascensor, se despedía diciendo: «Buen resto del día.»

Siempre quise «estrangularlo».

«No ha lugar» por partida doble

Abunda la «frivolidad» en el mundo del derecho procesal, sobre todo en el penal. Los planteamientos de representación legal ineficaz, con una que otra excepción, son inmeritorios. El del policía Rodríguez Berríos es, además, tardío. Más de tres años después de su condena, se ha venido a dar cuenta de que la falta de objeción a unas preguntas o a la admisión de unas pruebas le fue significativamente perjudicial. En su caso, que tuvo mucho de novelesco, por la forma en que utilizó sus recursos como policía para cometer y ocultar su crimen, él logró burlar la justicia durante mucho tiempo, hasta que se hizo posible su enjuiciamiento.

Otra vertiente de la frivolidad procesal es la de aplazar ad infinitum una causa penal. En ello está la defensa del ex senador Martínez, aduciendo que necesita más tiempo para «prepararse». Se trata de un argumento muy socorrido, para lograr muchas cosas favorables a un acusado: la muerte de testigos, el olvido por el paso del tiempo, la pérdida de documentos y otras pruebas, que se atenúe la indignación por el delito en jueces o jurados, etc.

A lo primero, no ha lugar. A lo segundo, ha hecho bien el juez Besosa en no acceder a esa petición.

Aquí se ca...

No me canso de insistir en que, por más que tengan un significado parecido o relacionado, las palabras no se pueden usar indistintamente. Hoy, se da cuenta de una ampliación significativa en el centro comercial Plaza Carolina, inaugurado en 1979, y, como parte de ello, se menciona «la actualización de los baños públicos». Yo había oído hablar de modernización, remodelación, renovación o restauración, pero nunca de «actualización» de una obra de construcción. Supongo que se ha pensado en que, como, es de esperarse, van a poner inodoros, lavamanos y urinales de la época actual, pues cabe lo de «actualización».  Realmente, no.

Se puede «actualizar» un dato o una información, pero la sensibilidad lingüística me dice que, con los baños, se hace una de esas otras cosas mencionadas.

¡Qué derecho constitucional ni ocho cuartos!

De vez en cuando, abogados o legos atrevidos esgrimen un mal entendido derecho constitucional, en apoyo o como justificación de un acto.  La Secretaria del Departamento de la Familia -que es abogada, pero no lo parece -  confrontada con la denuncia de una francachela partidista en horas laborables y con uso de propiedad pública de su agencia, aunque ha accedido a investigar, ha puesto por delante la «libertad de asociación».  Uno no sabe si la licenciada Irizarry es ignorante o cínica...o ambas cosas. No hacen falta estudios de Derecho ni de otra cosa para saber que aquí no está de por medio la libertad de asociarse o reunirse, sino si es propio que unos empleados gubernamentales se reúnan en horas laborables, con fines partidistas, a ingerir licor transportado en vehículos oficiales.

Además del disparate jurídico, lo expresado por la Secretaria delata lo que los abogados llamamos un «ánimo prevenido», es decir, la predisposición - en este caso exculpatoria - a juzgar antes de conocer la prueba, algo que incapacita de ejercer esa función rectamente.

Velando las costumbres lingüísticas

Me llama la atención que se hable del velatorio del actor Miguel Ángel Álvarez, no porque sea incorrecto el término, sino porque no es lo usual en nuestro país. Por mis casi 61 años vividos en Puerto Rico en su totalidad, sé que los boricuas decimos velorio. El uso es tan nuestro que Francisco Oller lo inmortalizó en su cuadro. Cierto es que, en su origen, se aplicó al acto de velar a un niño - como ocurre en el cuadro - , pero la realidad es que su uso se extendió a velar a los muertos adultos. El velatorio es también el lugar donde se vela al difunto.

No es que me parezca intrínsecamente mal que usemos otras voces para nombrar las cosas, pero creo que debemos ser fieles a nuestras costumbres y tradiciones, sin adoptar las foráneas para parecer cosmopolitas o como una pose intelectual.

No somos tontos.

Un empresario español residente de Puerto Rico hace varios años anuncia que se propone abrir un restaurante con el nombre de Chicha, por la bebida suramericana.  Me parece que el hombre tiene que saber que aquí esa palabra tiene una connotación de los genitales femeninos y la cópula, por lo que se quiere pasar de listo, con el subterfugio de que el establecimiento se dedicará a la comida peruana.  Aunque hay libertad de empresa y expresión en lo comercial, no significa que se pueda ir más allá de la decencia y el decoro.  Es principio reconocido en el Derecho que la capacidad de obrar está limitada por los linderos de lo ilegal, inmoral, lo contrario al orden público y las buenas costumbres.


El uso de un término con una connotación claramente sexual en un letrero y en la publicidad de un establecimiento comercial es francamente impropio y no debe permitirse.  Cada país tiene en su vocabulario «extraoficial» palabras que no son aceptables en sociedad.  No creo que encontremos la palabra bolsa en algún mercado dominicano o concha en una tienda argentina.  Así que no debe permitirse aquí el uso de un vocablo que ha de dar lugar a comentarios soeces y chistes de mal gusto.

Laceración lingüística

Dice un ex candidato contrario al actual Alcalde de San Juan que éste «tiene una laceración significativa en muchos sectores», al evaluar las posibilidades de derrotarlo.  Dejando a un lado los méritos de ese análisis, resulta extraña esa forma de referirse a la supuesta debilidad o vulnerabilidad del alcalde Santini en algunos sectores de los votantes de la capital.  Quizá debió decirse que la reputación del incumbente ha sido «lacerada» por su comportamiento y expresiones en ciertos incidentes que han trascendido al público.  Pero, hay que tener en cuenta que «laceración» como golpe, herida o rasguño, aun en sentido figurado, se refiere a la persona, no al grupo que pudiera apoyarlo o rechazarlo.

Aquí, en todo caso, habría que decir que el alcalde se ha autoinfligido ciertos golpes y laceraciones a su imagen pública...

"...and justice for [some]."

La «justicia» en Estados Unidos es muy selectiva.  De todos es sabido que los negros «se las ven negras» cuando son objeto de intervenciones policiacas o procesados en un tribunal.  Otro ejemplo de ese pick and choose jurídico es el que se manifiesta en estos días con el enjuiciamiento de Luis Posada Carriles, conocido terrorista anticastrista que durante mucho tiempo campeó por sus respetos desde territorio norteamericano, con el beneplácito del gobierno de Washington.  Ahora, para lavarse la cara, los americanos lo han encausado por unos hechos ocurridos en 2005, relacionados con declaraciones falsas y fraude inmigratorio, pero del terrorismo del que justamente lo acusan Cuba y Venezuela, nada.

Resulta evidente la renuencia de Estados Unidos a procesar a Posada Carriles por los delitos verdaderamente graves que se le imputan y, en vez, eligen hacerlo por  «violaciones técnicas» a las leyes de inmigración.  Por supuesto, todos estos años, él les ha hecho el dirty work contra sus enemigos, y a sus 82 años, ya no le sirve al imperio, así que salen de él, pero sin lastimarlo mucho.

¡Hombre, claro!

En una noticia acerca del retiro de un fármaco, se dice que se trata de un producto fabricado en «una planta de Puerto Rico y otra del estado de Indiana.» He dicho antes que estas precisiones son innecesarias, cuando se trata de lugares conocidos cuyos nombres no dan lugar a equívocos. Todo el mundo sabe que Indiana es un estado de Estados Unidos. Por lo tanto, resulta innecesario decirlo de esa manera. Distinto es el caso de New York - ciudad y estado - o Washington, aunque a la ciudad invariablemente se el pone el D.C. como apellido. Denota una gran inseguridad el añadir elementos o información a un dato que es parte de la cultura general.

Si nos fijamos en detalles como éstos, lograremos una mayor economía expresiva, lo cual siempre es deseable en la expresión oral o escrita.

«Motivos [in]fundados»

La comedia de errores por parte del gobierno en su manejo de la huelga universitaria es risible y repudiable.  Los arrestos de ayer a unos estudiantes que repartían hojas sueltas en el campus eran manifiestamente ilegales y contrastaban marcadamente con la inacción policiaca ante el vandalismo del día anterior. Resultan patéticas las justificaciones del Superintendente de la Policía - quien tiene el título de abogado, pero nada más - y, sobre todo, las del Secretario de Justicia, a quien se le ven las costuras de su sastrería jurídica en el cargo. Finalmente, ni siquiera se atrevieron a sostener los ridículos cargos por el delito de interrumpir una reunión lícita que pretendieron imputarle a los estudiantes.

Debe recordarse y entenderse que el arresto es una detención que tiene el propósito de proceder penalmente contra una persona.  Es por ello esencial que se tengan «motivos fundados» para creer que se ha cometido o se va a cometer un delito.  La ley admite detenciones momentáneas con fines investigativos, pero el arresto es mucho más que eso, y exige que se lleve al arrestado, sin demora innecesaria, ante un magistrado, para que éste pase juicio sobre la intervención policial.  Abortar ese proceso es burlar la protección de ley.

Pero, claro, ya nada de esto cuenta en nuestro país, donde hace rato echaron la Constitución a la basura.

«Buena leche»

Parece que el aumento al precio de la leche ha sido tan fuerte que nos ha «dejado locos y sin idea». El periódico se ha afectado tanto que ha escrito: «El alza en el precio de la lecha (sic) repercutirá en el costo de otros productos derivados.» Dejo a un lado el gazapo, para comentar lo segundo. No hay tal cosa como «otros» derivados en este contexto, pues ello supone que la leche también es un producto derivado, cuando no es así. Lo que debió escribirse es «productos derivados», entendiéndose de la leche, por supuesto. La leche es el producto básico, del cual se derivan la mantequilla y el queso, por ejemplo. También pudo decirse «otros productos», ya que estaría implícito que se trata de derivados de la leche.

Es como si yo dijera - como suele hacer un ex Gobernador nuestro - «vuelvo y repito» que no se debe usar esta clase de expresión. O vuelvo a decirlo o lo repito.

El toque femenino

En San Francisco, un tribunal federal de apelaciones ha decidido que el registro de un confinado desnudo en custodia mínima, por parte de una oficial correccional, es inconstitucional, por considerarlo «humillante» y violatorio de sus derechos.  Es de suponer que las autoridades penitenciarias pensaron que, poniendo a la mujer a rebuscar al hombre, éste no se iba a quejar.  Pero, al hombre no le hizo gracia que la mujer lo toqueteara y demandó al Estado.  También es de suponer que la mujer no se debe haber sentido muy cómoda realizando esa función.  Aunque el pleito fue desestimado en primera instancia, en apelación se le dio la razón al confinado.

Es posible que la situación económica de California haya producido una reducción de personal correccional que justificara que una oficial revisara a un confinado desnudo.  En cualquier caso, ahora esa situación se agrava, con lo que haya que resarcir al confinado.

No es cuestión de estilo.

Me ha llamado la atención leer que la decisión de TVE de no transmitir más las corridas de toros se debe a lo dispuesto en su «Manual de estilo», pues, que yo sepa, en los medios informativos, esa herramienta tiene que ver con la expresión oral y escrita, no con el contenido.  Pero, una consulta a la página cibernética de la empresa revela que, en un «estilo» muy suyo, RTVE tiene en su Manual de estilo directrices sobre su programación.

Me parece que no se deben mezclar estos dos conceptos; el fondo es una cosa y la forma es otra.  Lo primero es el contenido, en este caso, lo que se presenta por radio y televisión.  Lo segundo es la manera en que se difunde, es decir, el lenguaje empleado, el tenor y el tono de lo transmitido.  Por lo tanto, las directrices de programación se ocupan del contenido y el manual de estilo de los elementos de forma.

«Habeas lex»

Los americanos, que se jactan tanto de que sus procedimientos jurídicos y judiciales son modelos que el resto de la humanidad debe seguir, los aplican como les da la gana.  Ahí tienen ustedes el caso del argelino que estuvo detenido en Guantánamo desde 2002 y no fue hasta noviembre de 2009 que se resolvió su habeas corpus, recurso extraordinario en Derecho con el que se cuestiona la legalidad de una detención.  En enero de 2010, el tribunal ordenó que el individuo fuera repatriado, pues, obviamente, no tenían pruebas en su contra ni se las pudieron «fabricar» en todo ese tiempo.  No ha sido hasta hace dos días que se ha cumplido la orden judicial.

Así de vapuleado está el estado de Derecho en lo que muchos ignorantes insisten en llamar «la gran nación americana», a pesar de éste y otros múltiples ejemplos de tercermundismo oficial.

Una mejor palabra

Mayra Santos Febres, conocida escritora nuestra, ha sido reconocida por El País como una persona influyente en el mundo de las letras, por su organización del Festival de la Palabra el año pasado.  Muy bien.  Pero, en sus comentarios al respecto, Santos Febres incurre en un feísimo calco del inglés, al decir: «Nos habíamos [los puertorriqueños] caído del radar», siendo la frase original "off the radar screen."  Obviamente, se trata de una frase en sentido figurado, que se refiere a que se está «fuera del foco de atención» o «fuera del mapa» en un asunto.  En todo caso, si ella quería tomar prestada esta imagen del inglés, debió decir que « estábamos fuera o nos habíamos salido de la pantalla del radar.

El problema de adoptar estas frases idiomáticas de otras lenguas es que, casi siempre, resultan un tanto forzadas y hasta incomprensibles en la nuestra, pues responden a referentes culturales desconocidos o muy distintos, que no tienen significado para los hispanohablantes. El afán de parecer moderno, la falta de cultura y la influencia del inglés pueden llevar, incluso a escritores laureados, a cometer estos dislates lingüísticos.

Torcido derecho constitucional

La lectura de la Constitución hecha por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos al plantar bandera como mayoría es muy reveladora.  Primero, porque con ello quieren dar la impresión de que son «más papistas que el Papa» en su apego a la ley fundamental del país.  Hace tiempo que ellos vienen insistiendo en que Obama y el resto de los demócratas se apartan significativamente de la letra y el espíritu de la carta constituyente en la legislación que aprueban y en su forma de gobernar en general, así que dan este show para impresionar a los incautos.  En segundo lugar, y más importante, es que han leído una versión que omite algunos pasajes del texto original porque, claramente, les resultan incómodos, aunque, en el fondo, crean en ellos, como los relativos a que los esclavos -ahora los negros libres -  eran «tres quintas partes de un ser humano».

El asunto interesa porque estos congresistas, y su contraparte en el Tribunal Supremo - el juez Scalia, por ejemplo - predican el evangelio de la interpretación estricta basada en la intención original de los constituyentes, según surge del texto original, algo que ha llevado a Scalia a sostener que la protección de los derechos de la mujer no tiene una base constitucional, lo cual, aunque literalmente cierto, es una barbaridad jurídica y moral.  Por supuesto, si lo que se quiere es discriminar contra las mujeres y los negros, entonces conviene adoptar esa visión «purista» del derecho constitucional.

Así que ahí está la clarinada política que anuncia el regreso a los good old days de un esfuerzo legislativo por reestablecer un conservadurismo social para beneficio de los grandes intereses económicos y el abandono de los menesterosos.  Primero en esa agenda troglodita figura la derogación de la reforma de salud - con menos de un año de establecida -  para complacer a las aseguradoras, que estoy seguro pagaron por, entre otras cosas, las copias de la Constitución espuria que leyeron sus testaferros en el Congreso.

El parlamento es para hablar.

Sabemos que la oposición en Venezuela es furibunda, pero, a juzgar por lo que dice la prensa, es tan terrible que, de sólo hablar, daña a los chavistas.  De otra manera no se entiende el siguiente titular: «Se esperan cinco años de una cruenta lucha verbal en la Asamblea Nacional».  Ojalá que impere la cordura y los debates parlamentarios no se hagan a dentelladas que produzcan derramamiento de sangre, que es lo que «cruenta, cruento» significan.

Evidentemente, lo que debió decirse es que la oposición dará una lucha encarnizada contra el gobierno, lo cual es de esperarse en la actividad política en cualquier parte del mundo.

Una cena que «cayó mal»

Desde el punto de vista jurídico, resulta interesante lo ocurrido en un retaurante en Santa Isabel en el cual se produjo un apagón de noche y se optó por cerrar las puertas para evitar que los parroquianos se fueran sin pagar.  Se dice que el local estaba lleno y, aparentemente, algunos comensales aprovecharon la oscuridad para escurrirse. Tal parece que el local no contaba con una planta de emergencia, pues ello hubiera aliviado la situación. También se alega que el trato del personal del establecimiento fue atropellante. No queda claro cuánto duró la situación y si la gerencia del restaurante hizo un esfuerzo inicial por cobrar de manera ordenada y razonable.

Por un lado, el restaurante tiene un interés legítimo en cobrar por su servicio y evitar que se vaya la gente sin pagar.  En este sentido, los clientes tienen el deber de cooperar permaneciendo en el local un tiempo razonable en lo que se les cobra por lo consumido, a menos que las condiciones sean onerosas, digamos, por la temperatura, o peligrosas, por una oscuridad total.  Cierto es que, de ordinario, no se puede restringir la libertad de otro, pero ello está condicionado a que sea ilegalmente.  La pregunta es si es ilegal que se tomen medidas para evitar lo que, en esencia, sería una «apropiación ilegal», es decir, el aprovechamiento de unos bienes y servicios sin pagar.  El asunto se complica porque el apagón no es imputable al restaurante ni a los clientes; por lo que son igualmente víctimas de un suceso fortuito.

En ausencia de más detalles, me parece que debió haber una mayor buena fe de ambas partes, buscando un acomodo razonable para una situación imprevista y fuera de su control.

«Tocando madera»

Un apreciado y distinguido colega escribe en el periódico sobre su visita a uno de nuestros pueblos, y en un descuido, dice: «Fui a almorzar en un negocio de madera con una pequeña barra y billar.»  El lector no sabe si el establecimiento se dedicaba a vender madera y también servía comida, o si la estructura que lo albergaba era de madera.  Me parece que el amigo pudo evitar el equívoco, diciendo un restaurante de madera.  Si el lugar no llegaba a esa categoría, era cuestión de decir cafetería o fonda, con lo cual se eliminaba el término «negocio», cuya indefinición puede generar alguna confusión.

El agravante fue el color de la piel.

En Mississippi, uno de los estados más racistas de uno de los países más racistas, el Gobernador acaba de conceder la libertad bajo palabra a dos hermanas negras condenadas a prisión perpetua hace 16 años, cuando tenían 20 y 22 años, por participar - llevaron a la víctima a una emboscada -  en el robo a mano armada de $11.00.  La condena, extraordinariamente severa, ha sido repudiada todos estos años, y no ha sido hasta que una de las hermans ha enfermado de los riñones, requiriendo diálisis diaria, que el Gobernador, para ahorrarse ese costo, le ha puesto como condición a la hermana sana que, para salir en libertad, le done un riñón a la otra.  Se dice que ya la hermana se había ofrecido a hacerlo, pero, aun así, la decisión del ejecutivo deja un mal sabor.


Y ésta es la gente que pretende darle cátedra de derecho y justicia al resto del planeta, mirando siempre por encima del hombro los sistemas jurídicos de otros países, que juzgan como deficientes. 

Para no «descarrilarnos»

Termina un año y comienza otro, y seguimos con los mismos problemas de redacción. En un editorial de prensa acerca de los esfuerzos para terminar la huelga universitaria, se hace referencia a éstos como «...a los que se debe dar cercano seguimiento para que no se descarrile la ruta emprendida.» Pues, creo que lo que se ha descarrilado es la corriente de pensamiento del editorialista. Como sabemos, la ruta es el camino que se toma para llegar a un sitio. Si se quiere usar el verbo «descarrilar» - que se aplica, literalmente, al movimiento de un tren - en sentido figurado, entonces no es posible decir que lo que se descarrila es la ruta, sino aquéllo con lo que se compara al tren; en este caso, los esfuerzos por solucionar el problema de la huelga. Otra forma de referirse correctamente a este asunto sería decir «para que no se pierda el rumbo tomado».

En fin, como he dicho tantas veces, hay que escribir a conciencia, pensando en las metáforas, símiles y otras imágenes que deseamos emplear, y usar elementos que sean congruentes con la idea central.

Un «botellazo» federal

Supongo que esos jueces federales - que «se comen los niños crudos»- tendrán una prueba sólida para demandar al restaurante Bottles, en el que alegan se envenenaron comiendo mofongo y filet mignon en febrero pasado. Han tenido que recurrir a los tribunales puertorriqueños para reclamar, pues parece que no encontraron base para asumir jurisdicción y que el caso lo viera algún juez americano, al que habría que explicarle lo que es el mofongo.  Evidentemente, las negociaciones con la aseguradora no dieron fruto.  Probablemente, las diarreas y los vómitos federales valen más que las de los mortales, y la aseguradora - que no debe estar muy bien - no ha querido cubrir ese daño.

Por su parte, el dueño del restaurante parece tener una buena defensa: lo ocurrido se dio en plena época de influenza, lo cual plantea la posibilidad de que fueran los demandantes los que se contagiaran ellos mismos, y que nadie más de los cientos de comensales ese día se afectó.  Debe ser que el mofongo no le sienta bien a estos «procónsules» americanos.

Se puede apostar a que, si los jueces federales pierden este caso, van a decir que éste es un ejemplo más de que los tribunales de Puerto Rico tampoco sirven en lo civil.