El hacinamiento carcelario es un problema mundial, producto de altos niveles de delincuencia y el modelo eminentemente punitivo en lo penal. Resulta entonces que el castigo es doble: la sentencia impuesta, más las condiciones infrahumanas en la que se cumple. El asunto ha llegado a un punto insostenible, en el cual se registran motines o protestas violentas de los confinados, o se llevan pleitos para reivindicar unos derechos humanos mínimos dentro del régimen penitenciario. En cualquier caso, el costo económico y social de este estado de cosas es oneroso para cualquier país.
La válvula de escape -- dictada judicialmente o asumida administrativamente -- es la excarcelación de miles de confinados, solución pragmática pero polémica, habida cuenta de los peligros que entraña y de la admisión de fracaso que comunica. En estos días, en países como África del Sur, Honduras y Venezuela se recurre a esta medida para liberar a decenas de miles de presidiarios. En California también se rinden ante la imposibilidad de mantener su población penal dentro de los límites penológicos aceptables. En todo caso, se incumplen las sentencias según dictadas, y con ello se burla el derecho penal y la protección social.
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