El Tribunal Supremo de Illinois está de que le «entren a tiros». Ha devuelto a instancia un caso en el que se cuestiona una ordenanza de un condado que prohíbe la venta de armas largas de alto calibre, llamadas assault weapons, toda vez que, fuera del ámbito militar, no tienen uso legítimo. Parecería que en una sociedad más o menos racional no habría siquiera que prohibir algo así o que, de prohibirse, contaría con el concurso abrumador de los ciudadanos. Pero, la manía típicamente americana de litigarlo todo, basada en un mal entendido sentido de la libertad personal, lleva a impugnaciones irracionales de medidas de sano orden público como ésta.
En lo que falla el Tribunal es en dar una oportunidad de que los dementes que defienden estas armas tengan su día en corte para argumentar esa barrabasada. Hombre, se comprende lo del derecho a ser oído y el debido procedimiento de ley, pero dar audiencia a esos desquiciados los alienta y, en cierta forma, legitima sus reclamos, abriendo la posiblidad de que puedan prevalecer en su absurda y criminal pretensión. Hay alegaciones que es justo despachar con un «no ha lugar», una desestimación por falta de méritos, de su faz, o una sentencia sumaria.
Ninguna sociedad mínimamente civilizada -- mucho menos la de Estados Unidos, donde cada tres días hay una masacre -- debe darle seria consideración al derecho a andar con armas de esa naturaleza. La blandenguería judicial en un caso como éste le hace mucho daño al estado de derecho y, en última instancia, a la seguridad de la comunidad.
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