No debería haber controversia ni generar oposición que se apruebe una ley que tipifique como delito el vender como fresco el pollo -- o cualquier otra carne -- descongelada. A las razones de salud pública se suma la de evitar el engaño comercial. No se trata de la procedencia del producto, sino de una práctica que viola la más elemental de las normas comerciales: la autenticidad de la mercancía que se ofrece en venta. Nada impide que se venda el pollo congelado, pero, si por atraer al consumidor que lo prefiere fresco se descongela y se le ofrece como fresco, entonces se trata de una venta fraudulenta y violatoria del principio de la buena fe que debe imperar en el comercio. Y ello, al igual que ocurre con otros productos para el consumo humano, es sancionable penalmente.
Hombre, que algo así no deberíamos tener que explicarlo...
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