La norma general de que todo lo que no está prohibido está permitido obliga al Estado a identificar con suma precisión las conductas que estima lesivas al interés público, para prohibirlas específicamente. El uso irresponsable de los vehículos «todo terreno» es un ejemplo de una práctica que se ha convertido en un problema de salud y seguridad públicas, que, por falta de visión, no ha sido atendido adecuadamente.
Muy ingenuamente, el Estado creyó que resolvía el problema prohibiendo que dichos vehículos transitaran por las vías públicas. Pero, hombre, es que la naturaleza de los vehículos, al ser «todo terreno» anticipaba lo que habría de ocurrir: la gente los usaría fuera de calles y carreteras, pero de una forma igualmente temeraria. Entonces, lo que había que prohibir era la conducción de dichos aparatos de manera descuidada y con abierto menosprecio de la seguridad propia y ajena, independientemente de dónde ello se llevara a cabo. La falta de visión en este asunto quedó demostrada cuando hace tres años se propuso una ley para disponer, tímidamente, el uso de aditamentos de seguridad para los conductores de esos vehículos, y ni siquiera fue discutida ampliamente en la Asamblea Legislativa, a pesar de que ya se observaba un aumento significativo en accidentes y los costos de atenderlos. El «fundamento» que se ofreció en ese momento fue el de que se trataba de algo que ocurria en propiedad privada y no estaría sujeto a fiscalización de las agencias del orden público. ¡Como si la propiedad privada impidiera toda regulación de la conducta dentro de ella!
Ahora, tres años después, vemos que el problema ha hecho crisis, por la inacción legislativa, basada en una idea errónea del poder del Estado para velar por el bienestar general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario