Dejando a un lado mi discrepancia ideológica con el senador García Padilla -- a él le gusta la colonia y yo la aborrezco -- en el plano estrictamente jurídico, el hombre que aspira a gobernar a Puerto Rico a partir de enero de 2013 ha dado una muestra lastimosa de desconocimiento de algo que resulta elemental. Tratando de aprovechar el momento en que el gobierno va cediendo a la lógica aplastante contra el gasoducto, el licenciado García Padilla «exige» que se devuelva el dinero desembolsado en este proyecto. Basándose en su experiencia como Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, ha tomado como ejemplo la situación del dueño de una casa que manda a poner unas lozas y el trabajo no se hace, lo que da base a una reclamación.
Sorprende la analogía, por lo inapropiada. En el caso al que se refiere, solo procedería la devolución del dinero, si el contratista incumple su deber. Pero, si el dueño de la casa manda a parar la obra, por voluntad propia, el contratista no estaría obligado a rembolsar el dinero. En el caso del gasoducto, el gobierno parece haber decidido dejar la obra. De la única manera que un contratista tendría que devolver los fondos que se le hayan pagado es si no ha hecho el trabajo por el que se le pagó. El cambio de parecer del gobierno no es fundamento para exigir devolución de pagos.
Si esta es una muestra de la capacidad administrativa y jurídica del senador, Dios nos coja confesaos, si triunfa en noviembre, pues meterá al gobierno en pleitos innecesarios, temerarios y perdidosos.
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