Resulta muy interesante el pleito de clase que unos dueños de Impalas han presentado contra la General Motors, por un defecto en la suspensión del automóvil que propicia un desgaste desigual en las llantas traseras. Lo que es más significativo es el hecho de que la empresa estuvo dispuesta a arreglar los vehículos vendidos a la Policía para sus patrullas, pero no así los de otros dueños. La producción afectada por este defecto se estima en 423,000 vehículos.
Dejando a un lado la chapuza de Detroit -- cosa que no me sorprende -- llama la atención el claro favoritismo hacia el gobierno, en desmedro de los consumidores en su carácter personal. Es de suponer que ello pesará en el ánimo del juzgador, pues la aceptación de responsabilidad ante el Estado contrasta marcadamente con la temeridad de negarla frente a los ciudadanos particulares.
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