La desestimación del caso del juez imputado de guiar ebrio, atropellar a una persona y abandonar la escena del accidente no puede ni debe ser el desenlace definitivo. El asunto es demasiado grave, y el fundamento -- correcto en derecho -- de la inacción del Ministerio Público deja un mal sabor en el pueblo, que ve con suspicacia un resultado incongruente con la Justicia, aquella que está más allá de los tecnicismos.
Toca ahora al Poder Judicial proceder con todo rigor en el ámbito administrativo, en el cual operan consideraciones que, aunque no menos importantes que las de lo procesal penal, dan margen a actuar sin sus apremios y sus limitaciones. Como se sabe, a pesar, incluso, de una absolución es posible sancionar a un funcionario, en este caso judicial, por una conducta reprochable. No hay duda de que, si los hechos imputados en este caso son ciertos, el juez tiene que ser destituido. Los hechos ocurrieron en enero de este año. Se informa que la investigación administrativa «continúa». Es tiempo suficiente para haberla concluido. A la incuria del Ministerio Público no se debe sumar la del Poder Judicial.
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