Se presume con fuerza de ley que quien firma un documento lo ha leído y está conforme con lo expresado en éste. Esa presunción es más fuerte cuando se trata de un documento importante, como es una declaración de impuestos. Y si quien firma es un abogado, entonces no hay peros que valgan. En este sentido, la «defensa» anunciada extraoficialmente de que la exesposa de De Castro Font estaba ajena al fraude contributivo de su marido luce flojísima. Abonan en su contra dos cosas. La primera es que no rindieron planilla para un año contributivo, algo que, de suyo, es un delito. La segunda es que ella no puede alegar que estaba ajena a un nivel de vida del que disfrutaba muy por encima de la situación económica del matrimonio, pero hecho posible por los $600,000 que no informaron al fisco.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho en varias ocasiones que las personas o entidades de cierto nivel económico y conocedores del mundo de las finanzas y los negocios no pueden alegar un grado de desconocimiento que se asocia con quienes viven modestamente y se desempeñan en labores humildes. Los profesionales de la abogacía y la contabilidad, por ejemplo, no son unos pobres ignorantes que pecan por no saber, sino porque se pasan de listos.
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