Ya sabíamos del conato de revuelta cívica en Wisconsin, a raíz de la eliminación de buena parte del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. En ese estado eminentemente lechero, el gobernador y los legisladores de su partido -- Republicano, por supuesto -- tuvieron la «mala leche» de, abusivamente, tachar de un plumazo importantes conquistas laborales en el servicio público. Ese despojo provocó el asedio de numeroso público al capitolio durante varios días y la retirada de la bancada Demócrata.
Lo que no sabíamos era que en el Tribunal Supremo del estado se libra una lucha con matices partidistas, que ha sido catalogada por un profesor de Derecho como el «hazmerreír» de la comunidad jurídica. Con decir que una jueza asociada ha acusado a un compañero de estrado de intentar estrangularla en medio de una discusión. Ella es parte de la minoría liberal y él, claro está, de la mayoría conservadora que ha avalado la ley antiobrera en dicho tribunal.
Puerto Rico, muy lejos de Wisconsin, no está muy lejos de Wisconsin en este aspecto. Aquí el partido de gobierno desmantela el estado de Derecho con el beneplácito de un Tribunal Supremo que le responde invariablemente en sus pretensiones de controlar el país de manera absoluta, mientras le entrega los haberes públicos al sector privado para enriquecerlo indebidamente aun más.
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