El caso del técnico de laboratorio de Yale acusado de matar a una estudiante de medicina de esa misma universidad hace dos años ha terminado con una sentencia de 44 años de reclusión sin derecho a salir bajo palabra o a reducción de ese término. El caso resulta interesante porque el desenlace se produce a base de una alegación que, técnicamente, no es de culpabilidad, sino de aceptación de que el Ministerio Público tiene suficiente prueba para lograr una condena. En otras palabras, el acusado no admite su culpabilidad, pero se allana a la acusación, para evitar una sentencia mayor. Se trata de una de esas situaciones procesales un tanto anómalas en el ordenamiento jurídico norteamericano.
La alegación fue validada hace 40 años por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de un acusado de apellido Alford, por lo cual se le conoce como la «alegación Alford». A pesar de su lógica un tanto forzada y torcida, se ha seguido usando, aunque no es el mecanismo usual para la resolución de casos penales por alegación. A fin de cuentas, si con ello se ha asegurado que el joven monstruo de 26 años en este caso no salga hasta los 70, bien vale la pena echar a un lado uno que otro preciosismo jurídico.
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