Compartir Todo o nada

La propuesta de reducir la mayoridad de 21 a 18 años es algo que no debe tomarse livianamente.  Consideradas todas las consecuencias económicas, jurídicas y sociales, se debe proceder a fijarla sin condiciones o excepciones.  El Derecho debe ser claro y entendible para todo el mundo.  La mejor forma de complicar una norma jurídica es añadirle excepciones.  Si se decide que lo más conveniente es que los adolescentes de 18 años sean jurídicamente adultos, entonces que lo sean a todos los efectos.  Porque esto de que puedan seguir recibiendo una pensión alimentaria hasta los 21 es un contrasentido: se es o no se es adulto y mayor de edad.  Si se se tienen dudas sobre la capacidad de los jóvenes de 18 años para funcionar totalmente como adultos, no se debe aprobar lo propuesto.  Mejor sería dejarlo como está.  Lo que no resulta es tener un estado de derecho parcelado; mayor de edad para unas cosas pero menor para otras.