La demanda presentada por las comunidades que se afectarían más directamente con la construcción del gasoducto para detener ese proyecto pondrá a prueba, una vez más, el temple de nuestra judicatura a todos los niveles. Hay jueces que, sencillamente, no le fallan en contra al gobierno, independientemente de los méritos de lo planteado. Son los que consideran que no deben «entorpecer» el desarrollo de la política pública del gobierno...sobre todo del gobernador o el partido que los nombró. Pendientes siempre de su renominación y, en última instancia, de su pensión al jubilarse, guardan una «gran deferencia y respeto» por las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
Será un verdadero milagro que la judicatura puertorriqueña se atreva a detener este proyecto, aunque haya incumplido con todas las leyes y reglamentos ambientales aplicables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario