Quizá mejor que los demás, los abogados sabemos cuán manipulable es la legalidad para lograr propósitos que no siempre responden al bien común. La aprobación de leyes que hacen posible el atropello de comunidades pobres en Puerto Rico es un claro ejemplo de ello. Basta aprobar una ley que dificulte o elimine el derecho ciudadano a impugnar una decisión gubernamental de desahuciar una barriada, e ipso facto, lo inmoral se convierte en legal. Para este gobierno, la renovación urbana no significa mejorar las condiciones de una comunidad in situ, sino el desplazamiento de la gente, para construir casas y condominios que nadie puede pagar. Ahí está el creciente inventario de viviendas de lujo que no se vende.
Este gobierno de blanquitos no cree en arreglar las casas porque el concepto de comunidad le es ajeno. La pobreza es fea y maloliente, y debe ser borrada, para dar paso a ese plan maestro de hacer al país a imagen y semejanza de una urbanización de gente rica con acceso controlado. De nada valen los principios constitucionales o pronunciamientos judiciales de otro tenor; la política pública de vía libre a la aplanadora desarrollista es el estado de derecho y se impone sobre árboles, casas humildes y la gente que las vive.
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