La anunciada reforma gubernamental - que incluye una propuesta eliminación de 40 agencias - trae a discusión un problema fundamental de administración pública y estado de derecho. Quien examine con cierto detenimiento la legislación de 2009 - en plena crisis económica y de cesantías en el empleo público - se percatará de que se siguen aprobando leyes que imponen responsabilidades y tareas al gobierno, algunas de las cuales no podrán ser cumplidas con el menguado personal del sector público. En gran medida, entonces, se está legislando inútilmente, creando unos beneficios, derechos, mecanismos o trámites que solamente existirán en el papel.
Los legisladores y el gobernante de turno deben ser consecuentes con sus actos. Si no hay recursos para ofrecer los servicios públicos, no deben aumentar el inventario de disposiciones que deben cumplirse. Hay que declarar una moratoria legislativa, sobre todo en lo que respecta a los estatutos que crean estas obligaciones del Estado.
Mientras tanto, que se sigan divirtiendo poniéndole el nombre de Luis A. Ferré a cuanta cosa por ahí.
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