No debe sorprender el asunto de «reorganizar» las Procuradurías gubernamentales, puesto que es parte de un esquema más amplio para debilitar la función fiscalizadora y reguladora del Estado. En la medida en que se «amogollen» las distintas Procuradoras y Procuradores - quiérase que no - se disiparán sus funciones hasta dejarlas como entes inocuos e intrascendentes. El gobierno quiere acallar las voces que «procuran», es decir, que abogan de manera activa y crítica a favor de sectores con los que no se quiere cumplir, porque, muchas veces, hay intereses del sector privado a quienes no les conviene. Por ejemplo, ¿quiere el gobierno que haya quien procure los asuntos de los pacientes frente a las aseguradoras de salud y los hospitales? Por supuesto que no; hay mucho dinero e influencia de por medio, para que venga una «imprudente» a fastidiar con reclamaciones de todas clases.
Por eso, este gobierno, que desmanteló el Colegio de Abogados, ahora hace lo mismo con las Procuradurías. Así no habrá quien abogue institucionalmente por los necesitados ni cuestione los demás desaciertos gubernamentales.
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