Nuestro sistema de justicia penal tiene grandes dificultades para condenar a los autores de hechos delictivos e imponerles el castigo que merecen. A juzgar por el resultado de muchos casos, hay que matar a alguien a mediodía en el mismo medio de Plaza las Américas a la vista de miles de personas, para que siquiera haya causa probable. Aun así, siempre habrá algún juez que piense que la víctima se suicidó; sobre todo, si el victimario es una persona influyente o tiene alguna relación con los círculos de poder.
Cuando, contra viento y marea, se logra una condena, entonces se impone una pena risible, que en instancias superiores encuentra ambiente para que quede sin efecto o reducida. El caso del funcionario que intervino para hacer posible la pensión fraudulenta de Rosselló es un ejemplo de ello. Aquí parece que fue un "duende" quien ayudó a armar toda esta tramoya de los documentos falsificados. Lo "material" es que se hicieron unas gestiones por consideraciones "ideológicas", para defraudar al erario. Perderse en distinciones sobre el "apellido" que debe llevar la falsificación es perder de vista la esencia del asunto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario