Me parece que ha llegado el momento de reconsiderar la forma en la cual la Policía maneja los casos de violencia doméstica dentro de sus filas. Los acontecimientos recientes apuntan a la necesidad de que se adopte una política de "cero tolerancia", que se manifieste en el desarme inmediato y permanente del agente y su expulsión de la Fuerza. Resulta inconcebible que se tengan antecedentes de malos tratos y se continúe como miembro activo del cuerpo policiaco. Hay una cuota de negligencia institucional en mantener a estos abusadores vestidos de agentes del orden público. Tampoco puede admitirse que el rearme del policía y su permanencia como tal dependan del "perdón" de su cónyuge o compañera consensual. La experiencia nos enseña cuán fácilmente se obtienen esos perdones en una relación de pareja.
Por las circunstancias particulares del maltrato conyugal en el contexto policiaco, hay que modificar los criterios tradicionales de presunción de inocencia, duda razonable y debido procedimiento de ley, ajustándolos para lograr una acción contundente y rápida que proteja la seguridad y la vida de mujeres y niños del entorno familiar de los desquiciados con placas.
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