A dos meses plazo de que se cumplan cinco años del asesinato -- así lo ha caracterizado el Secretario de Justicia -- del niño Lorenzo González Cacho, los sospechosos mantienen en jaque a las autoridades. El evidente pacto de silencio entre ellos ha probado ser inexpugnable. Los errores en la investigación original, comenzando por una escena que no se protegió adecuadamente desde el punto de vista forense, presentan dificultades que no se han podido superar. El espectro de un «no hay causa» o de «absuelto por duda razonable» ha hechizado a fiscales, supervisores y Secretarios de Justicia. El miedo a presentar un caso fallido ha devenido en una parálisis institucional.
Una vez más, se promete acción concreta y positiva para resolver este caso. Si bien el asesinato no prescribe, mientras más tiempo pase, se hará más difícil encausarlo debidamente. Las pruebas desaparecen, los recuerdos se difuminan, afloran las contradicciones; todo lo cual abona a que un juez o un jurado -- de esos que creen cualquier historia fantástica o inverosímil -- produzca un fallo o veredicto exculpatorio.
¿Quién hubiera dicho que el asesinato de un niño dentro de una casa habitada por su madre y sus hermanas y la probada presencia de tres hombres iba a ser imposible de esclarecer?
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