Evidentemente, el Cónsul dominicano en Puerto Rico desconoce nuestro sistema jurídico, y no se ha asesorado bien al respecto. Aunque su preocupación por el resultado del caso de su joven compatriota mutilada por su novio es legítima, sus pretensiones para corregir la situación no lo son. Con lo que sabemos en este momento, luce muy arriesgado imputar discrimen por razón de origen nacional como base para la chocante decisión judicial. Aceptado que existe el discrimen contra los dominicanos en nuestra sociedad, no debemos concluir festinadamente que ello haya tenido que ver en este caso. Por el contrario, me parece que el dictamen responde a falta de buen criterio judicial, que se manifiesta con alguna frecuencia en nuestros tribunales.
El único «remedio» posible para este desacierto es que, a solicitud del Ministerio Público, la juez sentencie al agresor al máximo de la pena. No es posible reabrir el caso y celebrar un nuevo juicio, como pretende el Cónsul. Solo si se determinara que hubo una falta grave a la ética o alguna ilegalidad por parte del tribunal -- cosa que luce improbable -- es que se podría anular el juicio.
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