La llamada jurisdicción federal en Puerto Rico no es otra cosa que un eufemismo que se usa para encubrir el poder descarnado de Estados Unidos en esta isla. No obstante ser un país intervenido militarmente y controlado totalmente por el imperio americano, Puerto Rico había conservado unos espacios de cierta autonomía, incluso en lo jurídico. Pero,con el paso del tiempo, el entreguismo al poder imperial se ha ido acrecentando, sobre todo con gobiernos anexionistas y asimilistas como el que padecemos.
Un renglón en el que se manifiesta esta tendencia es el de la administración de la justicia penal, donde se cede autoridad en la investigación criminal y el encausamiento de los delincuentes en un número creciente de delitos. Hasta hace poco, los americanos solo intervenían en casos criminales en los que estaba de por medio una ley federal relacionada con el comercio interestatal, la seguridad nacional o cualquiera otra parcela importante de su poder político o económico aquí. Ahora, sin embargo, se han metido de lleno a realizar funciones de combatir el crimen común y corriente, como los robos de autos. De ahí que se hable de «federalizar» el delito de robo domiciliario, modalidad que en estos días acapara la atención pública.
Lo cierto es que, en estricto Derecho, no hay base para esta cesión de facultades. Se trata, por un lado, de una admisión de fracaso de la Policía de Puerto Rico, y por otro, de una movida con cierto matiz ideológico, pues nos coloca más firmemente en la órbita de Estados Unidos. Que tres de los últimos cuatro Superintendentes de la Policía hayan sido agentes o exagentes del FBI y el otro un militar de carrera en las fuerzas armadas de ese país tampoco es casualidad en este contexto.
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