Continúan los dictámenes judiciales que asombran al país y ensombrecen la imagen de la judicatura. Una sentencia de seis meses de cárcel y un año, tres meses y un día suspendida -- de suyo, algo floja para una agresión a una maestra entrada en años, dentro de un plantel escolar -- seguida por la concesión de fianza en apelación y libertad con grillete y arresto domiciliario luce como un zigzag que deja un mal sabor. La gente siente cierto desamparo cuando, incluso en casos en que se registra la culpabilidad del victimario, la pena es sumamente leve o se dispone un cumplimiento aplazado. En un país tan violento como el nuestro, la sociedad clama por una respuesta contundente y rápida a las transgresiones graves del orden y la seguridad ciudadana. Las penas «aguadas» no resultan aleccionadoras ni son disuasivas de la conducta delictual.
Toca a los jueces ejercer un mejor criterio criminológico, jurídico y penológico, a la hora de dictar sentencia, para evitar un fracaso de la justicia.
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