El colmo de las pretensiones

Resulta insólito e inaceptable que el exlegislador Rodríguez Traverzo pretenda imponerle condiciones a la Policía para su entrega. Las «garantías» que él reclama son las que tiene toda persona contra la cual se ha expedido una orden de arresto. Ni más ni menos. Eso de que teme por su seguridad es una excusa para justificar un trato especial. Evidentemente, quiere atenuar el bochorno de verse arrestado; por ello, insiste en que no se le espose. Por un lado, reitera que no es un criminal, pero se comporta como uno. De haberse presentado oportuna y dignamente ante las autoridades, se habría evitado toda esta movilización en su contra.

Hay casos en que un fugitivo --casi siempre peligroso y de difícil captura -- acuerda la forma de entregarse. Éste no es uno de esos casos ni debe ser tratado de esa manera. Si bien los delitos que se imputan no son de violencia, el sujeto ha mostrado un ánimo de evadir su responsabilidad -- incluso, ahora se añade la alimentaria --  y, posiblemente, esta jurisdicción. Ante ello, no merece consideración alguna quien, desfachatadamente, pretende burlar la ley sustantiva y la procesal también.

El diccionario del buen humor

Seguimos descubriendo esas palabras que parecen un relajo de alguien que no sabe español o lo deforma a propósito. Ahora que estamos en época de elecciones, viene muy a cuentas un término como candidatear, que allá por el Cono Sur, inverosímilmente, se usa para referirse a postular a otro para un cargo político o a  ofrecerse como tal.

Yo, que tengo amigos muy católicos, hubiera pensado que la voz catolicón se las podría aplicar, como parte de mi eterna broma por ese «defecto». Pero, es el caso que no puedo porque, a pesar de que suena despectiva, solo significa «universal».

Y para completar, ahí tenemos completez y completitud, ambas con el significado de «cualidad de completo».

Increíble pero cierto.

Ganas de legislar, ganas de litigar

La glorificación de lo castrense --  parte fundamental del mito estadounidense -- lleva a excesos de todas clases. En esa sociedad enferma de avaricia y ventajería, algunos, en casos muy sonados, han aprovechado para reclamar falsamente honores militares. El asunto llegó al punto de que en 2006 se aprobó una ley que tipifica esa conducta como delito menos grave. Como era de esperarse en un país tan dado al litigio, dicho estatuto ha sido impugnado constitucionalmente, como una violación a la libertad de expresión.

Que un caso así sea presentado y, sobre todo, haya tenido acogida judicial hasta el nivel apelativo dice mucho y muy mal del sistema jurídico de Estados Unidos. La frivolidad del planteamiento constitucional es tan patente que amerita un «no ha lugar» de inmediato. La falsa representación o la impostura no tienen cobija constitucional. Resulta bochornoso que alguien quiera «ganar indulgencias con escapularios ajenos» y además tenga la cachaza de reclamar que lo protege la Constitución.

Otra cosa es si valía la pena hacer de esos reclamos falsos un delito, o hubiera bastado con exponer a los desfachatados al escarnio público. Pero, allá ellos, que son blancos y se entienden...

Bachillerato en mal gusto

Continúo con las palabras que parecen bromas, pero no lo son. El término «bachiller» se refiere al grado obtenido al completar la enseñanza secundaria -- que en casos como el nuestro corresponde a la universitaria -- pero tiene, además de esta acepción positiva, la de «persona que habla mucho e impertinentemente». De esta vertiente despectiva surgen, entonces, bachillerear y bachillería, relativas a hablar de manera impertinente y sin fundamento. Curiosamente, existen bachilleramiento y bachillerar, relacionadas con la concesión del grado de bachiller, algo bueno pero dicho de forma muy fea.

Una alcaldesa "light"

Muchas de las figuras públicas del país son «llanitas», es decir, carecen de profundidad intelectual y moral. Ahí tenemos a la alcaldesa de Guayama, quien se dio a conocer por su infame Downtown Guayama y ahora, más recientemente, por su calendario, la mar de sugestivo.

Para completar ese resumé de liviandades, la Jaime no solo se niega a pagar unas contribuciones sobre la propiedad, sino que incita a la rebelión a los contribuyentes. Ella alega que no le corresponde pagar dichas contribuciones porque ello le tocaba al dueño anterior. En ello demuestra su desconocimiento de la ley, pues, tratándose de contribuciones sobre la propiedad, no es una cuestión de la persona, como sería el caso de la contribución sobre ingreso. Siendo ella la dueña actual de la propiedad, responde por esa deuda. Cuestión aparte es si la deuda es legítima o está bien calculada, pero hay mecanismos de ley para dilucidar esas controversias.

Lo inadmisible es que una alcaldesa haga un llamado general a que no se pague una contribución meramente porque se considere errada, obviando el proceso de ley para cuestionarla.

No seamos abandonistas

El idioma está lleno de palabras extrañas, que parecen disparates o invenciones humorísticas, pero no lo son. Porque, por ejemplo, ¿quién pensaría que existe el término abandonismo, significando la tendencia a abandonar sin lucha lo que es de uno o le corresponde? También es correcto abandonista, persona que participa de esa tendencia. Voces como éstas parecen sacadas de un guión cinematográfico del genial Cantinflas, pero ahí están para que las usemos oportunamente.

Por esto, insisto en que vayamos al diccionario con regularidad, para enterarnos de lo que es correcto y lo que no lo es. A partir de ello, es cosa de estilo o gusto personal utilizar un vocablo u otro. Lo importante es que no rechacemos incorrectamente una palabra que legítimamente podemos usar.

Una excepción razonable

Las normas jurídicas deben responder razonablemente a las circunstancias reales, no a abstracciones o teorías. La protección constitucional a la intimidad del hogar o sitio en el que se esté legítimamente tiene excepciones. De ordinario, la policía no puede irrumpir en una casa, a menos que tenga una orden de allanamiento expedida por un tribunal, basada en motivos fundados para creer que se encontrará algo vinculado a la actividad delictiva. Mas, hay circunstancias que exigen que se actúe de inmediato, sin esperar a dicho trámite judicial.

En un caso resuelto hace unos días en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se validó la entrada de unos policías a la casa de un estudiante de escuela superior de quien se rumoraba que había amenazado con ir a la escuela a disparar. El comportamiento un tanto raro y poco cooperador de la madre del menor ante la visita de la policía levantó la sospecha de los agentes, quienes entraron sin permiso y, luego de cerciorarse de que no había peligro, se marcharon. Hay que tener en cuenta que la experiencia indica que la inacción de las autoridades o su lentitud en reaccionar a ciertos indicios de perturbación mental o emocional ha tenido consecuencias trágicas. Por lo tanto, estos casos tienen que ser investigados rápidamente, y los ciudadanos deben mostrarse cooperadores con esa gestión. No hacerlo es provocar una suspicacia que debe ser resuelta a favor de la seguridad de los agentes del orden público y la comunidad general.

Un pase de lista

Como se repiten los errores, repito las correcciones. Hace más de cuatro años, cuando inicié este espacio, tuve ocasión de señalar dos veces el uso incorrecto de enlistarse. Ahora surge de esta manera: «El Bosque Seco de Guánica es hábitat de especies de flora y fauna en peligro de extinción. Varias están enlistadas a nivel federal...» Evidentemente, se ha querido decir que están en la lista de las especies en peligro de desaparecer. Pero, la Academia registra «enlistar» como un mexicanismo con dos acepciones: el significado de poner en lista o el de «alistar», es decir, entrar a la milicia. Como señalé una vez, este último también es el significado que, equivocadamente, se le da en Puerto Rico.


Lo que ocurre es que alistar, aunque significa «poner en lista», se refiere «a alguien», es decir, a personas. En el caso que nos ocupa, se trata de animales y de plantas, por lo tanto, lo que corresponde es listadas.  

«La insoportable levedad de [la pena]»

Continúan los dictámenes judiciales que asombran al país y ensombrecen la imagen de la judicatura. Una sentencia de seis meses de cárcel y un año, tres meses y un día suspendida -- de suyo, algo floja para una agresión a una maestra entrada en años, dentro de un plantel escolar -- seguida por la concesión de fianza en apelación y libertad con grillete y arresto domiciliario luce como un zigzag que deja un mal sabor. La gente siente cierto desamparo cuando, incluso en casos en que se registra la culpabilidad del victimario, la pena es sumamente leve o se dispone un cumplimiento aplazado. En un país tan violento como el nuestro, la sociedad clama por una respuesta contundente y rápida a las transgresiones graves del orden y la seguridad ciudadana. Las penas «aguadas» no resultan aleccionadoras ni son disuasivas de la conducta delictual.

Toca a los jueces ejercer un mejor criterio criminológico, jurídico y penológico, a la hora de dictar sentencia, para evitar un fracaso de la justicia.

De antecedentes y continuaciones

Vamos camino al patois. Porque de que esto sea español, nonines. En la sección de cine y televisión del periódico, nos espetan este titular: «Luz verde para la precuela», refiriéndose a un popular programa televisivo. Por el contacto con el inglés y el mundo de la farándula, sabemos que se trata de un calco de prequel, término inventado hace algún tiempo para significar lo contrario de sequel. En español, por desconocimiento y pereza intelectual, algunos adoptaron secuela -- vocablo que he dicho antes tiene que ver con los efectos temporales que deja una enfermedad -- como queriendo decir continuación de la trama de una película. En este contexto, lo ocurrido antes de los sucesos que se presentan en la primera cinta no son otra cosa que sus antecedentes. En fin, no hay que recurrir a esas palabrejas para explicar la cronología de una historia que se no se cuenta linealmente.

A mí lo de «precuela» me produce una secuela de estómago descompuesto...

Libertad, igualdad, fraternidad... y constitucionalidad

Muy correctamente, una comisión senatorial francesa se ha pronunciado en contra de un proyecto de ley que prohibiría negar públicamente la ocurrencia de un genocidio. El asunto tiene fuerte resonancia en Europa, a la luz de la matanza de armenios a manos turcas en 1915 y, sobre todo, del Holocausto judío a manos de los nazis. De ahí que en algunos países se haya tipificado como delito la mera negación de esos hechos históricos o  de su caracterización como genocidio, pues, se entiende que, con ello, se alienta el sentir que una vez produjo ese proceder monstruoso.

Pero, como ha reconocido la comisión legislativa gala, esta clase de legislación tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad, habida cuenta del derecho a la libre expresión, valor del más alto rango en el ordenamiento jurídico. La libertad de expresión no se limita a lo que nos resulte agradable o simpático; cobija también lo odioso. Cada quien adjudica buena fe y veracidad a lo que escucha, lee o ve. Se permite la expresión estúpida o tendenciosa, la cual, dependiendo de su contenido, podría dar lugar a responsabilidad civil o penal, pero no debe censurarse ni prohibirse a priori ni de manera general.

«Legisladoricidio»

Todos los días se aprende algo. Hasta hoy, yo creía que los delitos de asesinato y de homicidio incluían la situación de una víctima mujer, independientemente de su relación con el victimario. Pero, aparentemente, eso no es así, y en la Cámara de Representantes creen que hace falta crear el delito de «femicidio», para que no queden impunes las muertes de mujeres a manos del concubino, marido o novio, actual o anterior.

Si lo que se quiere es singularizar la especial vulnerabilidad de la mujer en esas relaciones, basta con disponer que ello será un agravante de la muerte ilegal. De lo contrario, por aquello de la «igual protección de las leyes», habrá que incluir el filicidio, matricidio y parricidio, pues se refieren a relaciones familiares que también colocan a las víctimas potenciales en gran peligro. Y, claro, si seguimos por ese camino, acabaremos como en La tremenda corte, en la cual todos los días se producía un «homicidio» disparatado.

Creo que debemos actuar antes de que se tipifique el «legisladoricidio»...

En casa del jefe de los herreros...

De vez en cuando, me veo obligado a repetir un señalamiento lingüístico. Éste figura en la selección de los que publiqué hace poco como libro con el título Bitácora de la buena escritura.

El Poder Judicial de Puerto Rico acaba de publicar el Informe de la Rama Judicial 2007-2011, Edición Especial. El documento le ha quedado muy bonito, pero le hubiera quedado más bonito si no dijera en una de sus tablas estadísticas sobre el desempeño judicial «Selección de delitos criminales y acciones civiles». Francamente, la judicatura no debe incurrir en un error entendible en los legos en materia jurídica pero imperdonable en quienes administran la justicia civil y la penal.  El delito es la violación a la ley penal o criminal. El incumplimiento de una ley de naturaleza civil no es un delito aunque, acarree consecuencias que se denominen penalidades. El mejor ejemplo es el de una «cláusula penal» en un contrato, que supone un «castigo»monetario si se incumple el contrato de cierta manera. A pesar de ese nombre, ello no convierte el incumplimiento en un delito.

El «dictum» de Don Raúl

El viejo dictum de Raúl Serrano Geyls, entonces juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico: «Los jueces no deben creer lo que nadie más creería» se aplica al resto de los mortales. Por eso no podemos creer que la sentencia de seis años al cuñado del Presidente del Senado, por «conspirar para distribuir cocaína» nada tiene que ver con ese parentesco por afinidad. Seis años que ya se anticipa quedarán reducidos a 42 meses, cuando se le apliquen las bonificaciones por buena conducta. Pónganle el sello que las autoridades penitenciarias jurarán -- y, si es necesario, perjurarán -- que el cuñadito ha sido un angelito.

Según testificaron los agentes encubiertos con los que hizo las transacciones de drogas, el hombre se jactaba de ser el cuñado del Presidente del Senado. Tenía razón para hacerlo. El Ministerio Público le aceptó rebajarle el cargo de «distribución» por el de «conspiración», lo que le significó una reducción de su condena, cuyo mínimo era diez años y el máximo 30 años. No era un caso difícil de probar -- razón que aconseja una negociación -- pues las dos transacciones fueron grabadas por la Policía. Es evidente, entonces, el ánimo de favorecer al acusado, cuyo único «mérito» es ser cuñado del hombre que preside el Senado que confirma a fiscales y jueces...

Al rescate del Bardo

Como saben mis lectores consecuentes, de vez en cuando, incursiono en el inglés, para señalar alguna incorrección nuestra en el uso -- casi siempre innecesario -- de esa lengua. Hoy les comento el anuncio de prensa de una escenificación en inglés de Romeo and Juliet para estudiantes, algo que me parece bien, pues no hay mejor forma de apreciar a Shakespeare que escucharlo en su idioma.  Lo que me parece mal es que se caiga en incorrecciones, sobre todo con relación a una obra del Bardo.

De entrada, el anuncio declara: "It's Back! The #1 Students English Language Play." Que yo sepa, el autor no escribió la obra para estudiantes, sino para el público general. Lo que han querido decir es que la obra goza del favor del público estudiantil. Si fuera correcto expresarlo como está escrito -- que no lo es -- habría que suprimir la «s» al final de Students y poner un guión entre English y Language. En todo caso, lo que debió decirse fue "The #1 English-Language Play with Student Audiences" o algo similar.

Mas, ahí no acaban los desatinos con la lengua de Shakespeare. Se dice: "In Original Classic English." Pero, hombre, es que no hay tal cosa como «inglés clásico». Si bien hay clásicos en inglés o ingleses --ciertamente, las obras de Shakespeare figuran en ambas categorías -- el concepto de un inglés clásico no es válido. Lo que sí habría que decir -- supongo que para aclarar que no es una versión moderna -- es que es en Elizabethan English, es decir, en el «inglés isabelino» de la época del autor. De todas formas, habría bastado decir "In the Original English Text" o algo así.

Un «facsímil razonable»

Resulta algo raro el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado, que elimina la posibilidad de enviar las recetas por fax a las farmacias. Si bien la legislación recientemente aprobada permite la trasmisión por correo electrónico, ello no debería ser óbice para que se tenga esta otra opción, sobre todo cuando, según se ha señalado, solo un puñado de médicos se ha ocupado de ponerse al día con la tecnología de la trasmisión electrónica por Internet. Aunque la exposición de motivos de la pieza no es explícita al respecto, su lectura deja la impresión de que hay dos «preocupaciones» que dan base a esta pieza legislativa. La primera es que pueda haber alguna interceptación o recibo equivocado de la trasmisión facsímil, que dé lugar a un manejo impropio. Por supuesto, la cibernética no está exenta de ese tipo de error. La segunda --que creo que es la primera razón -- es que la trasmisión electrónica resulta más conveniente para los trámites con los planes de seguros de salud. Como decía Cantinflas: ¡Ahí está el detalle!

En fin, veremos qué pasa en el Senado y, en última intancia, en La Fortaleza, pero los augurios no son buenos.

Otro «topetazo» con la Iglesia

En una reciente adandanza por el diccionario, me topé con la palabra vicediós, que me pareció, de primera intención, un chiste de dudoso gusto, aun para un excatólico como yo, porque, como el lector se imaginará, el término se refiere al Papa. Lo cierto es, sin embargo, que el nombrecito se usaba terminando el siglo 18, si no antes, y responde a la creencia de que el Sumo Pontífice representa a Dios en la tierra. También descubro que existe «vicecristo», otra lindeza que debo suponer cayó en desuso por ser incongruente con la sensibilidad de estos tiempos. Lo de «Vicario de Cristo» -- término que conocía de mi paso por la escuela católica -- no me parece tan presuntuoso.  En la modernidad corporativa, un chusco diría que, como la Iglesia es un negocio, Dios es el «Presidente» y el Papa es el «vicepresidente».

Bromas de mal gusto aparte, francamente, resulta chocante que a cualquiera con un concepto mínimo de la divinidad se le ocurra inventar algo así tan... «blasfemo».

Una decisión sensata

Se ha declarado la muerte judicial de Natalee Holloway, la infortunada muchacha que en 2005 en Aruba tropezó con Joran van der Sloot, quien acaba de ser condenado a 28 años de prisión por la muerte de la joven peruana. No hay duda de que la alegación de culpabilidad en Perú acabó por inclinar la balanza judicial hacia un resultado que tenía que darse. Seis años y medio en estas circunstancias es un tiempo irrazonablemente largo para mantener «viva» por ficción jurídica a una persona desaparecida. De ordinario, hay que esperar diez -- o, en nuestro caso, quince --  años desde que se declara ausente a una persona y se ponen sus bienes en posesión de un familiar, para gestionar su declaración de muerte por la vía judicial. Pero, eso no aplica a casos en que, por las circunstancias, es de presumir que la persona está muerta como resultado de un accidente o desastre o ha sido víctima de un delito contra su vida. En estos casos, el plazo es mucho más corto.

Al producirse la aceptación de culpabilidad del acusado por esta otra muerte, siendo él el principal sospechoso de la otra, procedía «tomar conocimiento judicial» de ello para decretar lo que todo el mundo sabe: Natalee está muerta... y el holandés la mató, aunque esto último no figure en el dictamen judicial en Estados Unidos. Se ha hecho justicia también porque el padre pedía dicha declaración para no tener que continuar pagando la prima del seguro médico de la «difunta», y así poder dedicar ese dinero a sufragar los gastos universitarios de su otra hija.

El reino de lo redundante

Seguimos con los pleonasmos y las redundancias. Con el asunto del representante -- pronto exrepresentante -- Rivera Guerra en el candelero, se habla continuamente del «propio y personal conocimiento» de las irregularidades que dan base para la formulación de una querella ética en su contra. Pero, hombre, si es «propio» es porque es «personal», y viceversa. Se trata de una de esas «frases hechas» del Derecho, que se repiten impensadamente, como un mantra jurídico que aporta certeza y contundencia. Lo cierto es que basta con escoger una de las dos palabras.

En este mismo contexto, ahora me tropiezo con esta otra lindeza. «Tampoco hay términos plazo para los distintos pasos de la investigación». Es como para echarse a llorar. En esta reanudación del curso escolar luego del receso navideño, muchos tienen que volver a la escuela, además de los alumnos ya matriculados como corresponde a su edad.

Inmunidad industrial

Los contratistas de la construcción y los industriales, muy inteligentes y listos para lo que les conviene, ahora se hacen los pendejos. Según ellos, no entienden qué es lo que los delitos ambientales prohíben, como si hubiera que ser un genio de la física para saber que tirar escombros o materiales tóxicos a un río es malo. Peor que ese fingido desconocimiento es el argumento de que la «negligencia» no debe ser penada, es decir, que solo lo que se haga con «intención» debe tipificarse como delito. Nonines. Aceptar esa peregrina tesis jurídica es minimizar el potencial dañino de actos de un descuido mayúsculo llevados a cabo con abierto menosprecio de la salud y la seguridad ciudadana y de la integridad del ambiente. Que quede claro: hay una negligencia monumental que resulta criminal.

Estos «prohombres» de la industria lo que quieren es una patente de corso para cagar el ambiente con impunidad.

«En un lugar de San Juan...»

Abundan las ambigüedades y los equívocos en el caso de Manny Manuel. El titular de prensa «Con amnesia temporal» plantea una incertidumbre adicional con respecto a la condición del cantante. Temporal significa de cierta duración, pero no permanente. Mas, por su declaración, Manuel alega padecer de una «amnesia» parcial, pues su falta de recuerdo no es total, sino de solo lo que le ocurrió que lo dejó tirado y malamente herido en la vía pública. Antes de eso lo recuerda todo; después de eso, también. En fin, su amnesia es selectiva. Utilizar el adjetivo «temporal» también plantea la dificultad de que se trata de un término médico relacionado con una lesión a los lóbulos temporales en el cerebro, que produce la amnesia.

Como puede verse, Manuel se ha enredado en su propia mentira, que de nada le vale, pues nadie le cree que no se acuerde de lo que pasó. Es evidente que él no se quiere acordar.

Kafka en el campus de la UPR

Si hacía falta alguna prueba del fascismo que se ha entronizado en nuestro país, la abusiva detención por 11 horas de la joven universitaria es la mejor. En este estado policiaco en que vivimos, bastó el capricho de un guardia privado en que la muchacha se identificara, para poner en marcha la maquinaria represiva del Estado, como si se tratara de una novela de Kafka. Al desacierto del guardia se le sumó el de la policía municipal, que debería tener mejor criterio y saber que no había base alguna para intervenir con la estudiante. En nuestro sistema, solo los motivos fundados para creer que se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer un delito justifican la intervención policial con un ciudadano. La joven estaba en el campus, estudiando al aire libre, luego de varias horas de haber entrado al recinto. No había base legal o reglamentaria ni motivo alguno para intervenir con ella. Se ha dicho que la joven estuvo activa en la huelga universitaria, y eso, seguramente, explica mucho de lo ocurrido, si no todo.

Mención aparte merece el desaguisado judicial en este caso. La función de los jueces es pasar juicio sobre los arrestos y las detenciones llevados a cabo por los agentes del orden público. Ni el más bisoño estudiante de Derecho hubiera convalidado el arresto vicioso de esta joven. Encontrar causa probable por «obstrucción a la justicia» y «alteración a la paz» -- socorridos fundamentos policiales para justificar sus atropellos -- es alentar esa conducta fascista de los guardias y guardianes. Es el desamparo judicial de los ciudadanos, y un claro indicio de falta de criterio jurídico y sensatez.

Un padre atribulado

Entendiendo el trago amargo por el que pasa, debo señalar algo acerca de una declaración del padre de la menor baleada accidentalmente en la despedida de año. El periódico da cuenta de que a la adolescente se le habían retirado los sedantes, pero hubo que suministrárselos de nuevo. Entonces, cita a su padre diciendo: «Se le quitaron los sedantes ayer pero comenzó a respirar con más fuerza. Quizás es la desesperación de ella...». Como está dicho, no se entiende por qué hubo que sedarla nuevamente, toda vez que «respirar con fuerza» es algo positivo. Evidentemente, lo que el pobre hombre ha querido decir es que su hija «comenzó a respirar con más dificultad o esfuerzo», algo que tuvo que ser atendido con calmantes.

Hay que estar pendientes de expresiones como ésta, que, lógicamente, contradicen lo que se quiere comunicar.

«Rey de Corazones» partío

Leo que la agente del orden público que investiga el caso de Manny Manuel está  a punto de darse por vencida en su afán de que el cantante declare acerca de su alegado «atropello» por parte de un conductor que se dio a la fuga. Hace rato que todos «sabemos» que no hubo tal cosa, y que los golpes recibidos por MM tienen otra explicación, una, cuando menos, muy embarazosa para él. Su obstinado silencio es el testimonio elocuente de ello.

Tiene razón ella cuando afirma que a Manuel no se le puede obligar a declarar. Aun cuando su versión fuera cierta, si no tiene interés en el asunto, nada puede hacerse. Tampoco si fue víctima de una golpiza, y no la quiere denunciar. Debe apuntarse, sin embargo, que, al informar que había sido arrollado, denunció un delito y puso en movimiento el aparato investigativo del Estado, lo cual, si se trata de una falsedad, constituye un delito menos grave.

Por supuesto, nada se hará sobre el particular. Bastante castigo tiene con sus golpes, una carrera artística en declive y el descrédito público.

El trance de no transar

 Aquí va este señalamiento sobre unas declaraciones del Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. En el calce de una foto suya se lee: «Según Aponte, la meta de los comisionados es que el contrato con Unisyn se trance por mucho menos dinero», lo cual me pone en el trance de decidir a quién adjudicarle el error. Espero, por simpatía ideológica, que el correligionario no lo haya cometido, y que se trate de un gazapo periodístico.

 Lo que ha de poner fin a la negociación para contratar a la empresa encargada del escrutinio electoral por medios electrónicos es una transacción o el llegar a un acuerdo, por lo que, en el contexto aludido sería transe. El «trance» es, entre otras cosas, ese momento difícil por el que se atraviesa... como el de tener que corregir continuamente a un superior jerárquico, por ejemplo.

Para hombres de buena voluntad

He leído la ley de custodia compartida aprobada en noviembre de 2011, y me parece que las críticas son infundadas. La letra de la ley y su espíritu no dan base para el aspaviento que algunos sectores de opinión han hecho por su aprobación. Resulta meridianamente claro que se trata de una opción del tribunal, luego de un proceso de ponderación que el propio estatuto establece claramente, con criterios específicos y exclusiones razonables. Nada hay de obligatoriedad para su concesión. Tampoco ese dictamen será cosa juzgada, por lo que siempre estará sujeto a revisión judicial.

Oponerse a esta ley con el argumento de que los jueces no la van a aplicar concienzudamente por desidia o falta de rigor profesional es una especulación que también podría hacerse con respecto a múltiples otras leyes. La buena fe se presume; también que los procesos públicos o privados se llevan a cabo con la regularidad que los asuntos exigen. El estado de Derecho se vendría abajo, si dejáramos de aprobar leyes con mérito, porque anticipáramos su inobservancia. Los abogados tenemos el deber de acoger iniciativas de buena política pública e intepretarlas de manera favorable y conducente a su plena eficacia, no buscándole cinco patas al gato.

«De mis soledades...»

Leyendo una revista de temas esotéricos, me tropiezo con la palabra eremita, que debo confesar desconocía. Del contexto, deduzco que es un sinónimo de ermitaño, pero la curiosidad me lleva al diccionario, y he allí la explicación. La raíz del término significa desierto, yermo, lugares preferidos por los ermitaños -- por lo menos, de la antigüedad -- para la contemplación, la meditación y el apartarse del «mundanal ruido» para un mejor contacto con la divinidad. Por supuesto que puede haber y hay ermitaños por otras razones de puro corte antisocial, a los que supongo no les estaría bien aplicada la voz «eremita».

La legalización del fascismo

Estados Unidos es un país de ley y orden. Por eso, cuando su gobierno quiere hacer algo que viola la ley -- desde la Constitución para abajo -- cambia la ley. Así, de un día para otro, lo ilegal se convierte en legal.

En estos días, Obama firmó la ley que asigna fondos al Departamento de Defensa, con una disposición que autoriza al Presidente a ordenar o permitir que, en el caso de las detenciones de los sospechosos de terrorismo, se les aplique "all necessary and appropriate force", que usted y yo sabemos significa que los torturen con gusto y gana. Dicen que Obama no estaba muy de acuerdo con esa disposición -- al hombre le queda un poco de prurito constitucional -- pero sus Jefes en el Pentágono le torcieron el brazo.

Otro ejemplo de fascismo legalizado es la decisión unánime del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones que sostiene la constitucionalidad de la inmunidad civil concedida a las empresas telefónicas que colaboraron con el gobierno en su espionaje de ciudadanos americanos, por la mera sospecha de vínculos con el terrorismo. Para remachar, la inmunidad se aplica retroactivamente.


Como se ve, Estados Unidos tiene un gobierno fascista, con todas las de la ley. El Derecho y la Justicia son otra cosa.

De escritores, errores y editores

Otro autor que necesita un mejor editor. En estos días leo una novela de Paco Ignacio Taibo II, magnífico escritor de novela negra hispano-mexicano, y me tropiezo con dos expresiones que  no son buen español. La primera es «redactores fantasmas», traducción literal de la más conocida ghost writer. Como fui uno de esos durante algunos años, un amigo que me hizo la distinción de dedicarme una reseña periodística se refirió a mí como «negro», término que, según él, se usa en España en este contexto. Me parece que lo que mejor lo describe es uno que he encontrado en Internet: escritor profesional anónimo.

La segunda transgresión me parece más grave. Utiliza la frase «nombre de pluma» para referirse a lo que usted y yo conocemos como seudónimo. Esta vez el calco es del francés nom de plume, frase muy apropiada y descriptiva en el contexto literario, pero totalmente ajena al español.

Lo he dicho antes: todos los escritores necesitamos un buen editor. Yo, que no soy tan buen escritor como Taibo, tengo uno muy bueno, Hiram Sánchez Martínez --también destacado escritor -- , quien no me permite caer en errores como los que señalo aquí.

"...and [in]justice for [some]"

El centro de detención, o comoquiera que eufemísticamente le llamen los americanos a lo que tienen en Guantánamo, sigue siendo una afrenta al Derecho en todos los sentidos. El atropello más reciente es la decisión de abrir toda la correspondencia de los abogados de los detenidos allí. Para colmo, han pedido el consentimiento por escrito de esos letrados. Ellos, por supuesto, se han negado a dar su aval a tan flagrante violación de una norma básica de la abogacía: la confidencialidad de la comunicación entre el abogado y su cliente.

De manera que a los americanos no les ha bastado con tener detenidos, sin siquiera juzgarlos, a unos individuos durante seis o siete años, o haberse retractado de su decisión de someterlos a juicio por el proceso ordinario, para entregárselos a una «justicia» militar amañada, que tampoco procede contra ellos, sino que se burlan descaradamente de otro de los principios generales del Derecho.

¡[In]feliz año nuevo!