La comunidad jurídica y el resto del país han visto con cierto grado de asombro el proceder zigzagueante del juez Francisco Besosa, del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, en el caso del senador Héctor Martínez. Sus decisiones en la etapa final han estado marcadas por una imprecisión, inseguridad y prisa que lo han llevado a modificarlas de manera un tanto insólita, dando con ello la impresión de que desconoce el derecho sustantivo y el procesal penal. Quizá me equivoque, pero creo que el juez Besosa no ha ejercido como penalista, por lo cual no maneja bien sus particularidades. Si bien es legítimo que un juez reconsidere sus fallos, ello debe darse a petición de parte y por justa causa que no haya estado presente cuando se emitió el dictamen original. Una reconsideración motu proprio al día siguiente de haber dejado sin efecto la decisión original apunta a falta de pericia profesional, y pone en entredicho la certeza con la cual se ha procedido.
Estoy seguro de que la defensa - que ya ha anunciado su intención de apelar los veredictos condenatorios - se ocupará de traer a la atención del tribunal de segunda instancia estos errores judiciales. Por supuesto, como sabemos los abogados, los tribunales apelativos siempre tienen la opción de aplicar la doctrina del «error no perjudicial», para sostener las decisiones de instancia, a pesar de uno que otro traspiés del juez sentenciador.
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