Con sólo siete añitos de aprobado, ya se proponen cambios sustanciales al Código Penal, sobre todo en la parte de las penas. El Estado busca hacer frente a la ola criminal, aumentando el tiempo de reclusión por delitos graves y violentos. Algunos criminólogos lo rechazan, aduciendo que ello no es un disuasivo. Aunque ello sea así, la honradez intelectual exige que hagamos constar que el derecho penal tiene, entre sus fines legítimos, incapacitar a los delincuentes para continuar delinquiendo. Como no tenemos -- ni queremos - la pena de muerte, ni aplicamos penas bárbaras como la castración, la reclusión prolongada es una forma de «incapacitar» al delincuente. Si encerramos a un criminal durante, digamos, 25 años, le impedimos hacer daño a la sociedad durante un cuarto de siglo, un resultado nada despreciable en una sociedad abrumada por el crimen.
Por supuesto, nada impide que se haga lo máximo por rehabilitar a los delincuentes, pero ello es un proceso incierto y largo. Mientras tanto, la sociedad tiene perfecto derecho de protegerse de aquéllos que han demostrado no estar dispuestos a vivir dentro de unas normas razonables de conducta.
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