Dando el frente

Se corrompe el español a pasos agigantados. Véase este titular: «Crean un grupo elite para casos de perfil.» Dicho así, se trata de un sinsentido. De no ser por el cine y la televisión de tema policiaco, amén de cierto conocimiento del inglés, no sabríamos que la noticia tiene que ver con lo que en ese idioma llaman high-profile crimes, es decir, delitos de cierto relieve y complejidad. Pero, hombre, usar «perfil» como un calco en este caso es casi un crimen lingüístico. Hay que respetar el significado de las palabras, evitando que, por pereza intelectual, copiemos conceptos que en inglés tienen sentido, pero en español no. Seamos conscientes de que mucho de lo que escuchamos y vemos por los medios de comunicación está en inglés, y es bueno conocer esos contenidos, pero aprendamos a nombrar el mundo en español, sin desmerecerlo, pues la nuestra es una lengua rica en matices, capaz de expresar la gama de la realidad.

«O rolos o papelillos»

Desde el principio, la denuncia de que algo sexualmente impropio había ocurrido de parte de Hilton Cordero, Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, hacia su hija adolescente ha sido manejada de una forma extraña. Aun teniendo en cuenta que, por tratarse de una menor hay que tomar medidas para proteger su intimidad, creo que el país tiene la sensación de que el trato que se le ha dado al caso obedece a consideraciones para con el padre, incluso por cuestiones políticas, habida cuenta del respaldo manifestado por el Alcalde de la capital.

Es en ese contexto «extraño» que la decisión judicial de ayer, que le permite a Cordero relacionarse con su esposa y su hija más pequeña, mientras se le mantiene alejado de la mayor durante seis meses adicionales, resulta también «extraña». Si, como se ha insinuado, la jovencita no ha dicho la verdad, bien sea por defecto mental o moral, procede que se haga saber públicamente. Mantener al padre alejado de ella por tanto tiempo, da lugar a pensar que algún crédito merece la versión de la hija, en cuyo caso se debe proceder como corresponde. Si la muchacha ha mentido, por fantasía o venganza, necesita tratamiento.

En cualquier caso, tiene razón la madre: esto ha tardado demasiado en dilucidarse. Es hora de que el Estado, tanto en su función tutelar de la menor como en la de orden público, actúe de manera definitiva.

 

Para tener éxito

Hay palabras que, aunque técnicamente significan lo mismo o algo muy parecido, el hablante de un idioma debe saber distinguir entre ellas y seleccionar la más apropiada. Leo que Yolandita Monge, entusiasmada con su próxima participación en Los monólogos de la vagina, en Miami, ha dicho: «Aquí, en Miami, ha sido un suceso», refiriéndose a la temporada de la obra. Siendo el malpensado que soy, temo que nuestra cantante haya calcado el success americano, que es el «éxito» nuestro.

De no ser ése el caso, hay que plantearse si «suceso» es la mejor palabra en este contexto. Aunque el término significa algo que ocurre de cierta importancia, me parece que acontecimiento es mejor español. «Suceso» tiene una connotación de algo importante pero negativo. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando nos referimos a los asesinatos ocurridos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, utilizamos el término «sucesos». Por su parte, «acontecimiento» tiene la connotación de algo digno de celebrarse.

Como he dicho tantas veces, no basta con conocer los significados que aparecen en el diccionario, es necesario conocer el uso tradicional de las palabras, basado en su connotación, tenor y tono, para emplearlas adecuadamente.

Un error garrafal

El titular es tan contundente como errado: «Deberá probar su inocencia.» Uno supondría que, a estas alturas, todos conocemos el principio cardinal del derecho constitucional y procesal penal en nuestro sistema, que manda presumir la inocencia, hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda razonable. Es algo que se ha dicho tanto durante tanto tiempo y por tantos medios - cine, literatura, radio y televisión - que sorprende y preocupa que un periódico publique una incorrección de esta clase.

El acusado no tiene que probar cosa alguna. Ni siquiera tiene que hablar. Es el Estado el que tiene el peso de la prueba en su contra. Por supuesto que, generalmente, el acusado presenta su prueba para refutar la del Ministerio Público, pero no está obligado a hacerlo ni su silencio debe ser tomado en su contra. La prensa debe ser más cuidadosa, para evitar inducir a error a la comunidad con equivocaciones como ésta.

«Desalineado»

Nuestro Departamento de Educación publica un anuncio a página completa para exhortar a los estudiantes de escuela pública a tomar las controvertibles Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico. Al pie de página, se lee: «Estas pruebas están alineadas a los estándares y expectativas de excelencia establecidos en el año 2007 por el Departamento de Educación...» Con lo que no están «alineadas» es con el mejor uso del español. Resulta evidente que se trata de un calco de la frase inglesa in line with, concepto que en buen español podría expresarse de varias formas: congruente con, consecuente con, cónsono con.

Insisto en que debe cuidarse la expresión oficial, sobre todo la relacionada con la educación, de forma que sirva verdaderamente de modelo para los estudiantes y el público general. Hay que cobrar conciencia de la influencia del inglés, para evitar que, como he dicho antes, hablemos o escribamos el español con elementos que no le son propios.

Un «tribunal celestial»

Independientemente de que se enmiende la Ley de Violencia Doméstica para aclarar que cobija cualquier relación de pareja - incluso la adulterina - en lo que eso ocurre, si ocurre, el Ministerio Público debe ser más inteligente y acusar por los delitos de agresión en estos casos. La realidad de tener una mayoría extremadamente conservadora, matizada por fuertes creencias religiosas, en el Tribunal Supremo augura que todo caso en el que se plantee la conducta «pecaminosa» de una parte recibirá una decisión adversa para esa parte. Esos jueces, dirigidos por uno que es casi ministro del Evangelio, van a buscar todas las formas posibles de resolver «conforme a la Biblia». En última instancia, tienen el poder de declarar inconstitucional una ley que no les guste, por considerarla contraria a las enseñanzas de Jehová.  Empeñarse en seguir un curso procesal «antibíblico» mientras estén esos hermanos en la fe vestidos con togas es darse contra el Muro de los Lamentos.

Nuestra grandeza es otra.

El país sufre de «delirio de grandeza». Dada nuestra pequeñez territorial, para compensar, nombramos nuestro entorno con términos que, francamente, no corresponden a la realidad. Por ejemplo, los desarrollos residenciales están llenos de «estancias» y «mansiones», que no pasan de ser casas más o menos grandes. Ahora, una primera plana nos indica: «El Censo revela una drástica reducción en la población de las principales urbes boricuas». Hombre, tanto como que haya más de una «urbe» en nuestra isla... Si bien la palabra denomina una ciudad, se entiende que se trata de una con mucha población. Por definición, una pequeña ciudad no es una urbe. Fuera de San Juan, nuestra ciudad capital - modesta, si se le compara con muchas otras - ¿hay realmente otra ciudad puertorriqueña que merezca llamarse urbe? Voy más lejos, algunas de las llamadas ciudades son realmente pueblos grandes. Ésta es la realidad, y nada malo hay en ella.

Lo malo es creernos lo que no somos.

«La culpa es huérfana.»

La conclusión de que el accidente del helicóptero de la Guardia Nacional se debió a «errores humanos» podría ser cierta, pero tiene bemoles que es necesario precisar. Hay en estos casos el interés de descartar la falla mecánica, pues, de haberla, ello sería base de responsabilidad civil extracontractual, es decir, reclamación por daños y perjuicios. En cambio, si la culpa la tuvo el piloto o cualquier otro personal de vuelo - que en este caso no sobrevivió -  se elimina la demanda a la Guardia Nacional y al fabricante de la nave. Por supuesto, podría haber algo de responsabilidad de la Guardia, si se prueba que, conociendo las condiciones climatológicas tan adversas, ordenó que se llevara a cabo la misión. El afán es, pues, insistir en que hubo un «cambio súbito» en la condiciones del tiempo, y que el piloto no pudo sortearlo, o que el piloto se equivocó en su plan de vuelo y causó el desastre.

No olvidemos estos aspectos, al examinar este informe y las explicaciones oficiales que se brindan, pues hay intereses económicos y de otra naturaleza de por medio, que matizan la «búsqueda de la verdad» en estos casos.

Algo digno de contar

En esta época de rendir la declaración de ingresos tributables, surge nuevamente el uso incorrecto de la palabra contable para referirse al profesional que prepara las planillas. Hace poco, conversaba por teléfono con una amiga, a quien le pedí que hablara con su contador para que preparara el formulario correspondiente para informar de unos pagos que se me habían hecho por servicios rendidos. Ella me interrumpió para corregirme, diciéndome que hablaría con su «contable». Entonces me vi obligado a corregirla, señalándole que el título de estos profesionales es contador público autorizado. A ello, me dijo que lo que ocurría era que a ella eso de «contador» le sonaba al aparato que registra el consumo del agua o la energía eléctrica. Enmudecí.

La anécdota tiene un final feliz. Pocos días después, me reuní con mi amiga, y esta vez me habló de la gestión que había hecho con su «contador»...

¡Ave María!

He aquí una de esas noticias que me alegran el corazón. Una orden de monjas ha demandado a la Arquidiócesis de Boston para que se le entregue un informe completo y detallado del manejo del fondo de pensiones - no de ellas, sino de los empleados laicos - o que se declare que la orden no ha sido parte de dicho fondo. Las monjas alegan que la demanda ha sido el último recurso, pues la Arquidiócesis no les respondía. Obviamente, las monjas creen que no se ha sido «muy católico que digamos» con esos fondos.

Pienso que la renuencia de la Arquidiócesis puede deberse a que hayan tomado esos fondos para pagar las múltiples demandas por abuso sexual contra niños y adolescentes presentadas en época reciente. En el caso de Boston, la Iglesia Católica ha tenido que hacer cuantiosos desembolsos por este concepto, así que no dudo que los curas hayan metido la mano en la alcancía de las monjitas...

Ríos bravos

Leo en un aviso del Servicio Forestal de Estados Unidos en Puerto Rico: «Plan Integral para el Manejo de Ríos Silvestres y Escénicos». Me choca la frase porque, hasta donde sé, «silvestre» se aplica a la fauna o la flora, pero no a un elemento natural como el agua. La definición del Diccionario de la RAE no corresponde, ni el término aparece en las fuentes de Internet. Entonces, me percato de que el término debe ser una traducción de wild rivers, concepto que en el mundo anglosajón se usa para referirse a ríos en su estado prístino, sin intervención de la mano humana, como sería una represa, y que brindan una experiencia agreste.

Quizá deba decirse «río bravo», como el que separa a México de Estados Unidos, que los americanos rebautizaron como Grande, en su afán de cambiar la región a su imagen y semejanza.

Crimen y castigo

Con sólo siete añitos de aprobado, ya se proponen cambios sustanciales al Código Penal, sobre todo en la parte de las penas. El Estado busca hacer frente a la ola criminal, aumentando el tiempo de reclusión por delitos graves y violentos. Algunos criminólogos lo rechazan, aduciendo que ello no es un disuasivo. Aunque ello sea así, la honradez intelectual exige que hagamos constar que el derecho penal tiene, entre sus fines legítimos, incapacitar a los delincuentes para continuar delinquiendo. Como no tenemos -- ni queremos - la pena de muerte, ni aplicamos penas bárbaras como la castración, la reclusión prolongada es una forma de «incapacitar» al delincuente. Si encerramos a un criminal durante, digamos, 25 años, le impedimos hacer daño a la sociedad durante un cuarto de siglo, un resultado nada despreciable en una sociedad abrumada por el crimen.

Por supuesto, nada impide que se haga lo máximo por rehabilitar a los delincuentes, pero ello es un proceso incierto y largo. Mientras tanto, la sociedad tiene perfecto derecho de protegerse de aquéllos que han demostrado no estar dispuestos a vivir dentro de unas normas razonables de conducta.

Una vileza lingüística

Como sabemos, quitarle la vida ilegalmente a una persona tiene varias tipificaciones y gradaciones penales, pero el asesinato supone -  al decir de una época remota - «premeditación, alevosía y ventaja», lo cual implica malicia. En este sentido, el siguiente titular refleja ignorancia o responde a cierto afán sensacionalista: «El comerciante ponceño fue vilmente asesinado en su negocio por tres individuos que le llevaron $80».  Pero, hombre, todos los asesinatos son viles, es decir, indignos o infames. ¿O acaso hay alguno simpático? Por la forma en que se llevan a cabo, unos son más brutales o despiadados, pero todos son producto de la ruindad del alma.

Ya el homicidio es otra cosa, pues podría surgir de la clásica «súbita pendencia», en la que se pierden los estribos por ira y se causa la muerte al otro. Hay tal cosa como el homicidio involuntario, pero, repito, en el asesinato siempre hay la voluntad de cometerlo.

Un buen concurso

De vez en cuando, se me juntan los dos temas de este espacio. La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico va a celebrar un congreso de derecho concursal. Confieso que desconocía el término jurídico que, a todas luces, se emplea en otras latitudes iberoamericanas para referirse a la quiebra. El Diccionario de la Real Academia no lo registra, pero ello no debe sorprender, pues hay vocablos jurídicos que solamente aparecen en los diccionarios relativos a nuestra profesión.

Me parece muy bien que la actividad incorpore este término, de manera que se dé a conocer por estos lares. Tenemos que mejorar la comunicación con nuestros hermanos latinoamericanos y peninsulares. Ahora que Estados Unidos está - literalmente - en quiebra, hay que aumentar el contacto y el entendimiento con el mundo hispanohablante para desarrollar el país en todas sus facetas, incluida la jurídica.

«La tremenda corte»...en inglés

Continúa la «comedia de errores» en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico con relación al caso del ex senador Héctor Martínez. Esa Corte, tan equivocadamente admirada por muchos puertorriqueños, se ha convertido en el hazmerreír jurídico del año, por la forma errática en que se han desempeñado el juez, la defensa y, ahora el Ministerio Público. El país ve con asombro un proceder que da la impresión de que los actores del drama judicial son ineptos desconocedores del derecho. Se toman decisiones que inmediatamente se dejan sin efecto, bien sea a solicitud de parte o motu proprio. Las partes se allanan a una petición, y luego cambian de parecer. Se solicitan remedios sin apoyo jurisprudencial. En fin, todo es inestabilidad procesal, y nada parece ser definitivo, final y firme en este caso que, seguramente, será objeto de un severo escrutinio apelativo.

«Caos» lingüístico

Además de su significado estricto, por su uso, las palabras trasmiten un contenido que se sobreentiende y hay que respetar. Hoy se publica el siguiente titular, relacionado con Japón: «Gran caos nuclear». Si bien «caos» significa confusión o desorden,  se emplea para describir algo mayúsculo. Uno no hablaría de caos, si se tratara de una pequeña confusión, descontrol o desorden. El uso de caos se reserva para una situación de descontrol total y de grandes proporciones; cualquier otra cosa debe describirse de otra manera. Por lo tanto, es totalmente redundante decir «gran caos»; bastaba decir «caos nuclear», para que se tenga una idea adecuada de la gravedad de la situación japonesa. Tenemos que resistir la tentación de adjetivar innecesariamente, y ello se logra conociendo bien el significado, el tenor y el tono de las palabras.

El hecho delictivo

Se ha averiguado que la denunciada «violación» por la fuerza de dos hombres a una adolescente de 14 años cerca de una escuela es mentira de la jovencita. Ella tuvo relaciones sexuales consentidas con un muchacho de 18 años a quien conocía, así que la «violación» es sólo técnica porque, por su edad, la ley no le reconoce a ella capacidad para consentir válidamente. Obviamente, la muchacha tiene capacidad para mentir y encubrir su falta.

Este suceso demuestra que, ante una denuncia de delito, lo primero que es necesario dilucidar es si, efectivamente, ha ocurrido el hecho y si éste es delictivo. A veces ni siquiera ha ocurrido lo que se alega. En otras ocasiones, ha ocurrido, pero no como se alega. En este caso, esa jovencita alegó que dos hombres - uno de los cuales ella reconocería - la forzaron. Afortunadamente, el agente investigador no se dejó impresionar por el ambiente de histeria que vivimos con respecto a la criminalidad, e hizo bien su trabajo, descubriendo la patraña de la muchacha.

Al «rescate» de la buena redacción

He dicho antes que la sintaxis - el orden de las palabras en una oración - y cierto giro en la expresión pueden resultar en un mensaje confuso. Un titular de hoy es ejemplo de ello: «De Europa a América 69 presentes a ayudar», refiriéndose, por supuesto, al desastre en Japón. Ocurre que, al decir «De Europa a América», se da la impresión de que se trata de gente que ha venido del Viejo Continente al Nuevo Continente. A ello hay que añadir la forma extraña de referirse a los rescatistas o socorristas como «presentes a ayudar».

En primer lugar, lo que había que decir es «De Europa y América», pues el personal proviene de ambos continentes. Segundo, se debió nombrarlos como lo ya dicho: rescatistas o socorristas. En lo que a la sintaxis se refiere, pudo haberse escrito: «69 rescatistas de Europa y América en suelo japonés» o «Europa y América envían 69 socorristas a Japón». En fin, algo así se entendería mejor y sería más correcto.

Un mero trámite

Tiene razón la prensa en señalar que el desaforo como abogado del senador Héctor Martínez, convicto de soborno y conspiración, no es automático y requiere un proceso. No obstante, lo cierto es que se trata de un mero trámite. Sería un abuso de discreción del Tribunal Supremo no desaforar a un abogado que incurra en una conducta como la de Martínez. No habría razón alguna para no hacerlo. Sentenciado por esos delitos, lo demás - la querella del Procurador General y su acogida por el Supremo - se da por descontado.

Si ocurriera algo distinto en este caso, sería francamente escandaloso.

De altas y bajas

Un titular de hoy me provoca una reflexión: «Dan de alta a Lornna Soto». Pero, ¿por qué autorizar que un paciente salga de un hospital es «darlo de alta»? ¿No sería más lógico «darlo de baja», es decir, sacarlo de la lista de los pacientes? Quizá sea que, como los enfermos están acostados, «darlos de alta» es como ponerlos de pie. O a lo mejor se trata de que «darlo de baja» se podría interpretar como que se ha muerto, que es la «baja» definitiva.

En fin, el idioma no es enteramente lógico, y tiene expresiones que resultan algo contradictorias o raras, pero aceptadas por el uso general.

Admisibilidad y peso de la prueba

Conviene aclarar un par de cosas en el sonado caso de la absolución del abogado acusado del asesinato de su esposa, basado en el testimonio pericial de un médico forense extranjero. Por declaraciones que se le atribuyen a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses, puede quedar la impresión de que el forense extranjero, como tal, no podía declarar en este caso. Eso no es cierto; podía hacerlo, como cualquier otro perito extranjero que se contrate para refutar las conclusiones oficiales. Lo que no podía hacer era realizar la autopsia, pues ello constituye ejercer la medicina, y él no estaba autorizado para ello en esta jurisdicción.

Resulta desenfocado clamar por que se enmienden las reglas de prueba para excluir el testimonio de personas que no estén autorizadas a ejercer en Puerto Rico, pues ello nos privaría de conocimientos valiosos, por ese mero hecho. Una cosa es la admisibilidad de una prueba, y otra es su peso o valor. El juzgador de los hechos, bien sea el juez o el jurado, decidirá si le cree más o menos a quienes declaren, a base de cuánto y cuál ha sido el contacto que hayan tenido con la prueba. La opinión de una «eminencia gris» podría valer menos, si su contacto con la prueba es inferior que el de alguien con menos merecimientos pero más conocimiento directo.

¡Cancélenla!

Le escuché decir a una informadora - porque periodista es otra cosa -  en un programa de noticias que una actividad programada para una fecha y hora había sido «cancelada» para otra fecha y hora. ¡Pero, mujer, no puede ser! La habrán aplazado, pospuesto o reprogramado, pero, de cancelar, nada, pues el término supone dar por acabado algo. Si la actividad ya no se fuera a celebrar, entonces estaría bien decir que se ha cancelado.

En algunos lugares de nuestra América, se usa «cancelar» en relación con el despido de un empleado, lo que viene a mi mente en este caso...

«Palos a ciegas»

La comunidad jurídica y el resto del país han visto con cierto grado de asombro el proceder zigzagueante del juez Francisco Besosa, del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, en el caso del senador Héctor Martínez. Sus decisiones en la etapa final han estado marcadas por una imprecisión, inseguridad y prisa que lo han llevado a modificarlas de manera un tanto insólita, dando con ello la impresión de que desconoce el derecho sustantivo y el procesal penal. Quizá me equivoque, pero creo que el juez Besosa no ha ejercido como penalista, por lo cual no maneja bien sus particularidades. Si bien es legítimo que un juez reconsidere sus fallos, ello debe darse a petición de parte y por justa causa que no haya estado presente cuando se emitió el dictamen original. Una reconsideración motu proprio al día siguiente de haber dejado sin efecto la decisión original apunta a falta de pericia profesional, y pone en entredicho la certeza con la cual se ha procedido.

Estoy seguro de que la defensa - que ya ha anunciado su intención de apelar los veredictos condenatorios - se ocupará de traer a la atención del tribunal de segunda instancia estos errores judiciales. Por supuesto, como sabemos los abogados, los tribunales apelativos siempre tienen la opción de aplicar la doctrina del «error no perjudicial», para sostener las decisiones de instancia, a pesar de uno que otro traspiés del juez sentenciador.

La mejor palabra

Ya saben que insisto en que seleccionemos el vocablo que mejor se ajuste a lo que deseamos comunicar. Hay muchas palabras que, aunque no son incorrectas, tienen un significado primordial distinto del que interesamos en un contexto. Esto viene a cuento por el siguiente titular: «Tributo tardío a ex militar boricua». En su origen, el «tributo» era lo que el vasallo le pagaba al señor feudal por su protección. Posteriormente, el concepto se transformó en lo que los ciudadanos pagan al Estado por sus ingresos y por la tenencia de propiedades inmuebles y muebles, por ejemplo. De ahí que el derecho que tiene que ver con estos aspectos se conozca como «tributario». Cierto es que, de manera muy secundaria, se admite su significado como reconocimiento que se le brinda a alguien. Me parece, sin embargo, que, en este caso, es preferible usar el término homenaje, cuyo significado primario es el que buscamos.

Dos años de fascismo

Tienen razón los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en retar la veda absoluta de actividades colectivas impuesta por la Rectora, celebrando actividades de distinta índole. Las prohibiciones absolutas del ejercicio de derechos constitucionales - como son los de expresión y reunión - no son bien vistas en Derecho. Sólo son admisibles en circunstancias extremas, como las de una guerra o una revuelta. El mero hecho de que resulten inconvenientes no puede ser fundamento para su supresión. Lo que sí procede es imponer condiciones o límites razonables a dicho ejercicio, en lo que respecta a duración, hora, lugar y ciertas formas que pudieran interferir irrazonablemente con otras actividades legítimas.

Éste es el estado de derecho en cualquier sistema digno de llamarse constitucional. Pero, ya hemos visto que, en la actualidad, Puerto Rico no goza plenamente de ese sistema. Así que no nos sorprenda que el poder judicial sostenga la validez de esa prohibición absoluta, y ni siquiera se pueda dar la lectura pública de Cien años de soledad programada por los estudiantes.

¿Cómo qué «como que»?

Hace tiempo noto la prevalencia de cierta imprecisión en el lenguaje hablado, sobre todo. Por ejemplo, es frecuentísimo escuchar, principalmente a los jóvenes, decir la frase «como que», al comparar o describir algo. Esa muletilla, además de exasperar al oyente, comunica indecisión, indefinición e inseguridad, es decir, una falta de claridad conceptual y compromiso con las ideas propias. Dicho de esa forma, una cosa no es de una manera sino como que es así. Es un lenguaje de aproximación y dismulo, en vez de certeza y afirmación, dos valores claves de la comunicación auténtica y sincera.

Creo que algo de esto viene del calco del inglés like, que escucho también con suma frecuencia en ese idioma, por parte de los jóvenes. La influencia del cine, la televisión por cable o satélite y la Internet ha globalizado estas modas en el decir de la juventud, empobreciendo la expresión en sus propias culturas.

La mejor prueba

Hay que celebrar el uso cada vez más rutinario del análisis de ADN para identificar el autor material de unos hechos delictivos. El derecho penal exige, como cuestión de umbral, que se determine con certeza la autoría de un hecho punible. Luego vendrá la decisión acerca de su culpabilidad o el grado de ésta, si alguna. Hasta hace pocos años, ese proceso primario estaba sujeto a múltiples errores, hijos de las muchas vertientes de la falibilidad humana. Pero, ahora, con el beneficio de la técnica de identificación genética, se ha superado gran parte de esos escollos a un grado superlativo. Por supuesto, el ADN no sirve solamente para inculpar, sino para exculpar, excluyendo la posibilidad de que un sospechoso de delito, incriminado por otras circunstancias o elementos, sea el autor del hecho delictivo.

Toca ahora a las autoridades investigativas llevar a cabo con sumo rigor las pericias forenses, de manera que las «huellas genéticas» de un victimario no se echen a perder y puedan rendir el fruto probatorio del cual son capaces.

«...que no sabe lo que dice.»

El gobernador de Puerto Rico -  que a pesar de ser abogado dista mucho de ser letrado -  en comentario sobre el caso de la muerte del niño Lorenzo, de ocho años, ha dicho «...era un niño joven, pequeño, indefenso, y que murió aparentemente de una forma muy violenta». ¿Qué es eso de un «niño joven»? ¿Acaso los hay de otra manera? Basta con decir que se trataba de un niño de ocho años; lo de pequeño e indefenso se infiere. Si Lorenzo hubiera tenido 13 años o más, hubiera sido un adolescente o un joven. Por otro lado, a Lorenzo lo mataron de varias heridas punzantes y una con un objeto contundente. A pesar de ello, Fortuño considera que eso es sólo «aparentemente» muy violento.

Lo tengo dicho muchas veces: no respetamos el significado y el valor de las palabras. Tampoco se respeta la inteligencia de los demás. Esta burrada del Gobernador es prueba de ello.

Cumpliendo su función ministerial

No entiendo el aspaviento formado por las declaraciones del Jefe de los Fiscales acerca de Ana Cacho. Como representante del Ministerio Público, es de esperar que sostenga la posición acusatoria. No siendo juez, él no tiene que guardar silencio ni asumir una postura de imparcialidad. Su función es investigar un alegado delito y fijar responsabilidades. En un sistema de adversarios, como el nuestro, la Fiscalía acusa y la defensa hace su trabajo a favor de los imputados. Cierto es que a Cacho no se le ha acusado todavía, pero ello no es óbice para que un representante autorizado del Estado la vincule con el crimen contra su hijo, sobre todo cuando esta mujer no ha dado una explicación creíble de cómo ocurrieron los hechos o de por qué no puede explicar lo sucedido, estando ella en la casa en esos momentos. Los hechos anteriores, durante el crimen y posteriores relacionados con ella y su familia inmediata son, por lo menos, sospechosos. Tiene razón el fiscal Meléndez en decir que aquí ha habido un «pacto de silencio» entre Ana, su familia inmediata y los hombres que la visitaron esa noche, acuerdo que ha dificultado el esclarecimiento del delito.

Tome nota la RAE.

Un titular de hoy despertó aun más mi curiosidad lingüística: «Defensa de Sustache presiona al videógrafo». La Real Academia no registra el vocablo, pero fuentes de Internet sí, incluida una en la que se da cuenta de un esfuerzo para que la RAE lo acepte como descriptivo de una realidad moderna. Resulta claro que los términos fotógrafo y camarógrafo, aunque relacionados - sobre todo éste último - no cubren adecuadamente el equipamiento y la función de este nuevo profesional del periodismo y las artes visuales, toda vez que, según surge de esas explicaciones, el trabajo del videógrafo incluye otras tareas técnicas más allá de la filmación, que esta tecnología del vídeo hacen posible.

Como he dicho en varias ocasiones, favorezco la aceptación de un neologismo, siempre que sirva para describir una realidad nueva. Éste es uno de esos casos.

Somos capaces.

Concuerdo con el gobernador Fortuño en que nuestro sistema de justicia completo tiene que mejorar; algo así se puede decir de cualquier país. En lo que no estoy de acuerdo es en que este señalamiento se haga apremiado por la intervención del gobierno de Estados Unidos. Los puertorriqueños tenemos la capacidad de examinar nuestras instituciones y procesos y determinar dónde están las fallas y cuáles son las medidas correctivas que debemos tomar.

Quien no se sienta así es un acomplejado, que piensa que solamente los americanos tienen la clave para descifrar los problemas que nos aquejan, y por eso debemos someternos a todos sus dictámenes.