Resulta, por un lado difícil y por otro lado fácil, entender el cuestionamiento judicial de los dos proyectos de grandes centros comerciales, por parte de los dueños de Plaza Las Américas, el más grande y exitoso del país. Difícil, por lo contradictorio con la filosofía capitalista de la libre competencia. ¿Por qué impedir que unos empresarios establezcan un negocio? Si les va mal, allá ellos. ¿No es ésta la esencia de la democracia y la libertad que nos parece tan preciada? Cuando hace unos años el sector privado combatió los certificados de necesidad y conveniencia en su aplicación al establecimiento de farmacias, se argumentó que ello era un impedimento a la libertad comercial. El resultado de su eliminación es que hay un Walgreens en cada esquina.
Fácil, porque ahora, la familia Fonalledas, dueña de PLA, no quiere competencia para su negocio, y se ampara en el subterfugio de estar preocupada por el daño al ambiente que, por lo menos, uno de los dos proyectos ocasionaría. Eso nadie lo cree. Se trata de unos empresarios que una vez celebraron la «libertad de empresa», ahora no les gusta esta consecuencia lógica y natural de ella y pretenden que el tribunal los privilegie en el juego capitalista.
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