Aunque la conducta del representante «Toñito» Silva con relación al narcotraficante «Junior Cápsula» no sea delictiva en estricto derecho, esa relación no debe despacharse como lo ha hecho la Presidenta de la Cámara. Resulta, cuando menos, censurable ética y moralmente que un legislador tenga consideraciones o tratos con personas involucradas en actividades delictivas o de dudoso orden moral. Véase que Silva no es abogado, por lo cual no puede alegar que realizaba gestiones profesionales legítimas a favor de un cliente.
Hay un sentido de impunidad en esta Legislatura, que, además de en esta situación, se manifiesta con el caso del senador Héctor Martínez y la barbarie parlamentaria del Presidente del Senado.
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