Un conocido colega que representa a los demandantes en el pleito para que el Departamento de Educación atienda adecuadamente a los alumnos con necesidades especiales se queja de la lentitud del procedimiento administrativo para atender las querellas que se generan en este asunto. Pone la responsabilidad primaria por ello sobre los hombros de los jueces administrativos.
Nada nuevo hay bajo este sol borincano. La lentitud en decidir es endémica al foro judicial y al administrativo. Vivimos en la cultura del aplazamiento, la "consideración" con el compañero y toda otra suerte de razones para no decidir con prontitud. Hay miedo a equivocarse o a "ofender" a gente poderosa, incluido el gobierno. Falta cultura jurídica y destrezas de redacción, que permitan despachar los asuntos con celeridad y seguridad.
Lo anterior no niega que haya sobrecarga de trabajo, pero, cuando la hay, es que, precisamente, hace falta ser más eficiente, poniendo en ejecución los elementos mencionados e imponiéndose a la desidia y a la inercia. En materia de adjudicación, hay que dejar atrás la "guachafita criolla" y empuñar el mallete con mayor responsabilidad.
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