Una joven se queja, en el periódico, de que los precios altos del licor que se consume en establecimientos de cierta categoría obligan a la gente de su generación a acudir a sitios modestos, cuyo espacio reducido propicia que tengan que permanecer en la calle, en los alrededores de lo que ella llama "chinchorros." La "desgracia" de no poder beber a precios módicos se complica por la aplicación del Código de Orden Público, normativa aguafiesta y represiva, fruto de mentes calenturientas de vecinos que tienen la pretensión irreal de poder dormir tranquilos y de que sus propiedades no se conviertan en letrinas y prostíbulos.
La joven representa un sector que ha llegado a creer que las calles son "territorio apache", disponibles para la bebelata y la francachela de una juventud que no conoce otra forma de diversión y que pretende fiestar all night long. Como no admite cortapisas a su desenfreno, rechaza todo límite de lugar y tiempo que cualquier persona prudente y razonable aceptaría para una sana convivencia. Por supuesto, los dueños de bares, cantinas y pubs hacen causa común, alegando su sagrado derecho a ganar dinero, máximo valor en esta sociedad "borracha" de nociones disparatadas acerca de los deberes y los derechos cívicos.
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