Es táctica común de la defensa en lo penal alargar los procesos, pues así aumenta la posibilidad de que los testigos de cargo ya no estén disponibles o que su recuerdo se torne borroso, desaparezcan documentos o se afecte la prueba de alguna otra manera. También se apuesta a que, con el tiempo, la indignación popular - según se pueda manifestar en un veredicto - se atenúe. Todo esto viene a cuento por lo que ha ido ocurriendo en el caso de la joven que arrolló mortalmente a tres hombres que intentaban ganarse la vida a la orilla de una carretera nuestra. Sus abogados, muy hábilmente, han logrado poner en tela de juicio el asunto de su presunta embriaguez, aduciendo mil y una razones más o menos válidas, y en ese jaleo jurídico llevan las de nunca acabar.
El hecho incontrovertido es que la joven mató a esos tres hombres. Fuera porque estaba ebria, porque se quedó dormida o por alguna otra causa culposa o negligente, les quitó la vida. Y, a menos que se alegue y se pruebe alguna causa interventora deus ex machina, esa gravísima responsabilidad no puede ser echada a un lado. El Ministerio Público tiene que insistir en esto machaconamente, y los tribunales, a todos los niveles, no deben perderse en disquisiciones ténicas y, con ello, perder de vista lo que está en juego, en última instancia.
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