Obama cree que ha puesto una «pica en Flandes» con la firma de la ley que asigna más de $500 millones para «fortalecer» la protección a los empleados públicos que denuncien delitos o irregualridades en sus agencias durante los próximos cinco años. Pero, cuando se examina la «letra pequeña», uno descubre que toda esa protección es para los chotas que van por los canales burocráticos. Por lo tanto, sigue siendo temporada de caza de los que, como Snowden, hacen denuncias públicas a los cuatro vientos.
Eso de ir por los canales muchas veces permite que se entierren las denuncias, pues los de la cadena de mando están implicados o tienen «dedos amarrados» con los que lo están. El afán de «lavar la ropa sucia en casa», las más de las veces, tiene el propósito de encubrir u ocultar lo que se conoce y tolera, pues, de revelarse públicamente, habría que dar explicaciones muy incómodas.
Porque se habla mucho de «transparencia» en la gestión pública, pero se prefieren los cuartos oscuros y las puertas cerradas tras las cuales se fraguan acuerdos leoninos contrarios al interés público, contrataciones reiteradas para ciertas partes y subastas amañadas. Y entonces se pretende que la delación de estas cosas se haga a los participantes en ellas.
¡No, hombre, la corrupción y la mala administración hay que denunciarla de cara al sol!
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