Se sigue descubriendo cómo el Gobierno de Estados Unidos -- especialmente sus agencias de orden público y seguridad -- es el primer violador de su Constitución y sus leyes. Human Rights Watch, que no le quita el ojo de encima al gobierno americano en sus fechorías fascistoides, y la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia acaban de denunciar los manejos del Departamento de Justicia Federal y el FBI en lo que respecta a su trato con los musulmanes americanos. Según estas dos entidades, el gobierno los entrampa, incluso con estímulos económicos, para que se vuelquen hacia el terrorismo.
Se trata de un viejo truco de los gobiernos. Provocan a elementos desafectos para que violen la ley, y con ello justifican las medidas represivas que quieren imponer para acallar la disidencia y descabezar la oposición militante. Aquí en Puerto Rico lo hemos vivido, con la persecución del movimiento independentista, que, entre otras tragedias, produjo el asesinato político de dos jóvenes en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, por parte de la Policía de Puerto Rico, en contubernio con el FBI.
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