El hacinamiento carcelario es un problema agudo y muy extendido por todo el mundo. Menguados por la crisis económica, a los presupuestos gubernamentales les resulta harto difícil atenderlo adecuadamente. Desde hace años se ensayan medidas para descongestionar los penales; casi nunca del todo satisfactorias, pues la sociedad resiente la condescendencia -- o lo que se tiene por ella -- con quienes le han faltado gravemente.
Recientemente, acá se han aprobado dos leyes que, en alguna medida, contribuirán a reducir la población penal. La primera dispone la excarcelación de confinados en la etapa terminal de VIH o SIDA o cualquier otra condición. La segunda lo hace con confinados de 60 años en adelante, que por la naturaleza del delito cometido y su historial en prisión no representen un riesgo apreciable para la comunidad.
En Francia se han decidido por otra vertiente: aumentar la libertad a prueba para incluir a los sentenciados a menos de cinco años de reclusión. Es de suponer que la sentencia corta responde a la gravedad atenuada del delito, por lo cual la libertad a prueba puede ser recomendable como alternativa al confinamiento.
En fin, algo habrá que hacer para lograr un fino balance entre la protección social y las posibilidades materiales del Estado.
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