Por lo que veo, tengo la impresión de que algunos de los jueces y juezas que intervienen en los casos de fraude electoral en Guaynabo tienen el «ánimo prevenido» a favor de los acusados. Andan buscando cómo no encontrar causa, rebajar la calificación de los delitos o absolverlos. Se agarran de cualquier tecnicismo, defecto procesal o testimonial, para relevar de responsabilidad a los acusados. No parece entenderse que, independientemente del derecho aplicable y la calificación de los delitos, el fraude electoral es cosa muy seria, que no debe quedar impune en una democracia. Como se ha dicho tantas veces, el juez no puede ser un mero árbitro, ante un evidente fracaso de la justicia.
El asunto debe ser muy sencillo: ¿dónde vivían esos electores al momento de votar? La comisión especial determinó que se ofreció información falsa al respecto, para hacer posible que se votara fuera del lugar que le correspondía. Las direcciones dadas por lo acusados pertenecen a otras personas. Se informa de una que corresponde a un solar baldío. Ante un cuadro como este, no se comprenden los resultados habidos hasta ahora en el tribunal.
Ahora que se investiga el cohecho y la prevaricación en nuestro sistema judicial, yo pondría los ojos en estos jueces, para examinar si sus dictámenes responden a afinidad ideológica o influencia partidista, más que a ineptitud jurídica, que también la hay.
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