Quiero pensar que la acogida al recurso de certificación de la Diócesis de Arecibo tendrá un final feliz; el único posible: decidir de manera definitiva que el obispo recalcitrante tiene que entregar lo que el Departamento de Justicia le exige para hacer una investigación como Dios manda en el caso de la pederastia clerical arecibeña. No quiero ni pensar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda resolver lo contrario, pues no solo sería un dictamen contrario a Derecho, sino incongruente con la corriente de política pública mundial para combatir el abuso sexual a menores.
El asunto no requiere mucho estudio jurídico. Nuestro Supremo debe enviar un mensaje claro y contundente a la Iglesia Católica y a cualquiera otra institución: no se tolera la pederastia ni su encubrimiento en modo alguno bajo subterfugios doctrinales o de práctica religiosa o sectaria.
Amén.
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