La defensa de Pablo Casellas sabe que tiene una tarea cuesta arriba, pues a su cliente se le «presume» culpable, no solo por lo inverosímil de su versión de los hechos por los que se le juzga, sino por lo ocurrido antes y después. El hecho de que el Ministerio Público cuente con 68 testigos, entre los cuales se encuentran el padre y la hija del acusado, da una medida del reto que tiene la defensa. Los problemas de salud física y mental del acusado contribuyen a una imagen de inestabilidad emocional que abona a la percepción general de un desequilibrio que desembocó en el asesinato de su esposa. Con ello, la defensa ha procurado dilatar el proceso, recurso del que se vale invariablemente cuando se tiene un defendido culpable.
Agotado el recurso de la no procesabilidad, la segunda línea de defensa es «sentar las bases» para plantear en apelación que no se tuvo un juicio justo e imparcial, habida cuenta de que el jurado tenía el «ánimo prevenido». De ahí la insistencia machacona en que una «encuesta» revela el prejuicio contra su cliente, y la recusación de candidatos a jurados que no crean en tener armas de fuego en la casa, algo de dudosa pertinencia, pues la gente en lo que no cree es en usar las armas que se tengan en la casa para matar a un cónyuge.
Es de suponer que la defensa no encontró un perito que opinara que el acusado padecía de insanidad mental o de alguna condición que atenúe su responsabilidad penal al momento de los hechos, pues era una defensa lógica -- y, al parecer, la única -- en este caso. Ya se les hizo tarde para ello.
Así que, a menos que a última hora aparezca el «asesino» fantasma que brincó la verja en su huida, según Casellas, el veredicto está listo y servido...
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