Se le ha llamado «federalización» a la injerencia de las autoridades investigativas del Gobierno de Estados Unidos en los estados de esa nación y en esta colonia. Al principio, los federales solo intervenían en violaciones de leyes de Estados Unidos. Pero, esa jurisdicción bastante limitada siguió creciendo, con la aprobación de más leyes y reglamentos federales. A eso se le unió el fracaso, percibido o real, de las jurisdicciones estatales o, en nuestro caso, colonial para atajar la ola criminal. El gobierno anexionista que precedió al actual gestionó, mediante un «memorando de entendimiento», el auxilio de los americanos para combatir el crimen. El actual, anexionista light, jubilosamente proclama su subordinación al FBI, la DEA y el resto del aparato represivo en Puerto Rico, ampliando su radio de acción, concediéndole «jurisdicción primaria» en delitos comunes en casi todas la áreas policiacas del país.
En fin, la estadidad federada -- como la llamaba Muñoz Marín -- ha entrado por la puerta ancha de la administración de la justicia penal, con el beneplácito del gobierno colonial.
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